l 3 de junio llenemos las calles de todo el país El Gobierno es responsable. El asesinato de Chiara Páez ratificó que el feminicidio es la consecuencia más trágica de la violencia hacia las mujeres, ocurriendo en promedio uno cada 30 horas en el país. La respuesta del Estado es insuficiente ante un problema que lejos de mermar se incrementa. El presupuesto destinado a solucionar el mismo se reduce en el marco del ajuste contra el pueblo. Como ejemplo está la asignación presupuestaria del Consejo Nacional de las Mujeres, que en el 2014 era de $16 millones -1,5 millones menos que en 2013-, representando solo un 0,0017% del presupuesto nacional. La ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres ya lleva 6 años sancionada, pero su reglamentación es sumamente desigual a lo largo del país. Los recursos y programas, además de escasos, no contemplan el presupuesto necesario para su aplicación. Además de lo presupuestario, las políticas públicas de los últimos años, tanto nacionales como provinciales, continúan con la lógica del modelo neoliberal: son de carácter insuficiente y focalizado, refuerzan estereotipos, incentivan la desigualdad salarial y el trabajo precario -como sucede con el Programa Ellas Hacen- y depositan en las mujeres la responsabilidad para solucionar el problema. La muerte de cientos de mujeres a mano de sus parejas o ex parejas suele llegar luego de un sin fin de denuncias y pedidos de ayuda. La actuación de la justicia, por inacción o complicidad, llega recién cuando el hecho fatal está consumado. Esta falta de respuesta lleva a la revictimización institucional, empujando a muchas mujeres a mantenerse dentro del círculo de la violencia, siendo las más afectadas las mujeres trabajadoras y de los sectores populares. Esto coexiste con la realidad de las trabajadoras/es del Consejo Nacional de Mujeres y de los distintos dispositivos estatales que trabajan en la problemática, violentadas/os por las formas de contratación precaria, bajos salarios y la falta de recursos para atender estos casos. Todo esto coloca al Estado como el principal violador de los derechos de las mujeres, siendo las situaciones de violencia responsabilidad de los distintos niveles de gobierno, que ante un tema tan sentido solo disponen recursos en hacer propaganda y no en garantizar políticas sociales efectivas. El feminicidio de Laura Iglesias, la trabajadora social del Patronato de Liberados producido en Miramar en 2013, condensa estas contradicciones. Laura formaba parte de las y los trabajadores que denunciaban la política de abandono y violencia de parte del Estado, tanto hacia los trabajadores como hacia la población atendida. La violaron, torturaron y asesinaron mientras trabajaba. Sus familiares y compañeras/os de trabajo vienen denunciando irregularidades y ocultamientos de parte de los funcionarios del Patronato (que hablaban de “fallecimiento” ante el feminicidio del cual fue víctima) y de los fiscales que no investigan e imputan a un solo sospechoso. En reclamo de Justicia para Laura movilizaremos al juicio que se hará en Mar del Plata del 8 al 11 de junio. Monte Hermoso: Dijimos ni una menos. A una semana de su desaparición, la joven Katherine Moscoso apareció muerta en un descampado de las afueras de Monte Hermoso. Apenas conocida la noticia la reacción de los vecinos no se hizo esperar, y señalando la complicidad de las instituciones estatales, prendieron fuego la comisaría, la Municipalidad, la fiscalía y la casa del secretario municipal de seguridad, teniendo el propio intendente que escaparse por los techos. Avanzando sobre la justicia y el gobierno, el pueblo expresó su hartazgo apuntando contra los responsables políticos del asesinato de Katherine. Es necesario luchar por políticas públicas que garanticen la independencia de la mujer con programas que propicien el acceso a trabajo y vivienda digna, salud, refugios, acompañamiento y contención, con una perspectiva de atención integral y presupuesto acorde para su implementación: sin esto las leyes son de una hipocresía propia de este Parlamento contrario a los intereses del pueblo. A la vez hay que dar pelea contra la precarización laboral y por aumento salarial para los trabajadores/as de los programas y el pase planta. Por eso este 3 de junio, le decimos al gobierno ¡Ni una menos! Invitamos a las mujeres y a todos los que estén dispuestos a cuestionar esta realidad, a poner en las calles esta lucha y todas las reivindicaciones propias para sumarlas al camino de rebelión que aporte a la conquista de un poder propio de los trabajadores y el pueblo que encare resueltamente la cuestión. Ni una menos es luchar por políticas públicas integrales con presupuesto acorde; ni una menos es pelear por trabajo y vivienda digna; ni una menos es aumento salarial; ni una menos es aborto legal; ni una menos es luchar contra la trata y la explotación sexual. ¡Ni una menos es decir basta y salir a la calle a confluir con la lucha popular! Evento en FB Viajá con nosotras al ENM en Mar del Plata, comunicate a anastevao1965@gmail.com o por FB "Ana Estevao"