Un megaproyecto para recuperar iniciativa política

El gobierno juega todas sus fichas en el megaproyecto que junta varias decisiones detrás del llamado a reparar la deuda con los jubilados. Incluye además del blanqueo de capitales, una moratoria previsional y fiscal a evasores, la restitución del 15% de coparticipación a las provincias y una política de incentivos para las Pymes. Presume que allí están las condiciones para sortear la coyuntura y sostener su credibilidad con miras al 2017, a la vez que reconstruir en el Congreso una base consensuada para apuntalar la gobernabilidad, por cierto bastante cascoteada. Los acuerdos primarios con Massa, Bossio, Pichetto y los bloques que ellos representan, más allá de las concesiones, garantizan el número suficiente para que se apruebe tal iniciativa. 

Detrás de los juicios, los jubilados pierden derechos

Detrás del pago a los juicios de jubilados se esconden sustanciales recortes y pérdidas de derechos de actualización de haberes ganados como el de recurrir a la justicia en caso de incumplimiento futuro. No será la primera vez que las leyes aprobadas no se cumplen, de la misma forma que no se cumple con el 82% móvil y otras tantas veces que se malversa con los fondos del Anses. No se descarta que después de esto cobren fuerza  intenciones ya insinuadas de aumentar la edad jubilatoria con el argumento de la inviabilidad del sistema previsional. Pero también se oculta en el proyecto la intención de vender a futuro, pese a las limitaciones que se introduzcan, las acciones de empresas provenientes de las AFJP que integran el activo del Fondo de Garantía Sustentable (FGS) en valor de $70.000 millones y que facultan a integrar los directorios de importantes empresas.  


Un blanqueo para delincuentes

Con el argumento de obtener recursos para cumplir con el pago de los juicios a los jubilados, viene enganchado el premio a los evasores. En este caso también por “única vez” como todas las otras 205 moratorias que se registran en la historia tributaria del capitalismo dependiente. El blanqueo es un perdón para ladrones de guante blanco esencialmente, para quienes depositan en los paraísos fiscales o disponen importantes sumas obtenidas por medios ilícitos. No son asalariados ni pequeños ahorristas los que pueden sumar U$S 400.000 millones fuera del circuito legal. Poco menos que un PBI completo.  El gobierno aspira al blanqueo inicial de U$S 20.000 millones y recaudar así en concepto de multa U$S 1.500 millones promedio. Cifra limitada si se la relaciona con el  “complejo de culpa” que dicen arrastrar los legisladores.  
A.Z.