Presupuesto 2022 - Ajustazo en las Universidades Nacionales

Luego de las elecciones de septiembre pasado el Ministerio de Economía presentó el proyecto del presupuesto 2022. Su característica general es el ajuste en la mayoría de las partidas, salvo las destinadas al pago de la deuda. El proyecto toma de base una estimación del 33% de inflación, que es letra muerta antes de empezar, pero que intenta poner el techo a las paritarias del próximo año. Las Universidades Nacionales no quedaron afuera de los recortes, que superan hasta lo proyectado por el propio Ministerio de Educación que se lavó las manos y dijo que el ajuste presupuestario es responsabilidad de Hacienda.

El artículo 12 del proyecto, que fija el presupuesto destinado a las Universidades Nacionales, estima un incremento nominal del 27%. Ya de entrada, arranca con un ajuste del 6% con respecto a la inflación ficticia proyectada. En términos reales, el ajuste se perfila a ser aún mayor si tomamos como referencia lo que viene sucediendo durante 2021: hay una diferencia abismal entre el 29% que decía el presupuesto y la realidad en donde septiembre cerró con un 37% acumulado. Con estas cifras, la caída real de los fondos universitarios ronda el 20% solo en lo que va del año.
La pulverización del presupuesto de las universidades, que se viene consolidando en los últimos años, tiene como principales afectados a trabajadores y estudiantes. Justamente ese es uno de los temas centrales del proyecto: la planilla A, que estipula los fondos destinados a salarios y funcionamiento básico, no alcanza para cumplir con las paritarias ya firmadas durante 2020 y 2021. Mientras que la planilla B, que son los refuerzos presupuestarios, está históricamente marcada por la discrecionalidad de su asignación -por la SPU- y por la subejecución, ya que su envío está sujeto a la recaudación de la Administración Pública.
Uno de los sectores que salió a criticar el proyecto fue el de los rectores nucleados en el CIN. Esto era cantado, ya que en agosto pasado realizaron un plenario solicitando un presupuesto de $408 mil millones de pesos, es decir de $73 mil millones más de lo que contiene el proyecto de Guzmán. Hace unos días comenzaron las negociaciones con algunos rectores, como por ejemplo Barbieri de la UBA. Pero el debate, lejos de girar en la asignación de más recursos, viene encarado por el reajuste de las asignaciones de cada universidad. Parece que la presencia de Jaime Perczyk al frente del ministerio -rector de la universidad de Hurlingham- vino a reflotar la vieja disputa por la caja. Algo que se multiplicó con la creación -durante el gobierno kirchnerista- de varias universidades con cajas millonarias en el conurbano bonaerense.

Aulas Híbridas: no es sanitario es presupuestario

Con este presupuesto el gobierno pretende poner en marcha el plan de las Aulas Híbridas, una vuelta que significaría ir a un esquema bimodal de cursada, en donde es una incógnita como se garantizarán los derechos laborales y estudiantiles. Junto con este plan, a comienzos de septiembre el Ministerio de Educación eliminó la resolución que obliga a mantener distancia de 1,5 metros en cualquier actividad universitaria, por lo que cada universidad -previa autorización sanitaria del gobierno local- podrá volver a la presencialidad incluso con las aulas en pleno.
Lo que no garantiza este presupuesto son condiciones mínimas para poder sostener la cursada -ya sea virtual o presencial-. De volver a la presencialidad, no hay plata para la infraestructura que hace años es necesaria en muchas universidades del país, no hay plata para el conjunto de elementos sanitarios que ahora son un derecho que debe ser garantizado por el Estado, e incluso está en duda en qué condiciones se llega al segundo cuatrimestre. Mucho menos se puede esperar de este plan económico una inversión sostenida para combatir las altísimas tasas de deserción universitarias en donde, del total de estudiantes, solo el 22% obtiene un título.  
Durante todo este año vimos el constante bicicleteo con las becas Progresar, cuyo monto mínimo es miserable; vimos como se firmaban acuerdos salariales a la baja con la docencia y no docencia: vimos el recorte de becas de apuntes, el cierre de ofertas horarias por la baja de cargos y aún nos encontramos con que continúan cerrados varios comedores universitarios del país. Incluso, a casi el cierre del segundo año de cursada virtual, no hay respuestas a las dificultades para acceder a dispositivos de conectividad, algo fundamental para garantizar el verdadero acceso a la educación pública.
 A esas necesidades son las que el presupuesto 2022 les da la espalda para cumplir con los requisitos del Fondo. Ya en 2018 dijimos que con el FMI no hay educación pública que aguante y que hay una contradicción irreconciliable entre el pago de deudas usureras y las necesidades populares. Como decíamos antes, el ajustazo en las universidades nacionales no es aislado. El problema no es la partida universitaria, el problema es el presupuesto y en definitiva el rumbo económico del gobierno. Un plan que fue rechazado, con diversas expresiones, en las últimas PASO. Por eso, la pelea por mayor presupuesto educativo viene indudablemente de la mano de la lucha contra el ajuste, por aumento salarial, trabajo, salario, vivienda y salud. Poder generar expresiones pequeñas de participación del movimiento estudiantil en esa dirección es una tarea fundamental.

Martina Bas