No a la criminalización de la protesta en la UNC

En la Universidad Nacional de Córdoba, epicentro de la rebelión educativa, 27 estudiantes y un docente fueron imputados por la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, el juez federal Miguel Vaca Narvaja y el vicerrector de la UNC Yanzi Ferreira, en una causa judicial destinada a amedrentar a los luchadores.

La ocupación de varias facultades y del Rectorado fue un paso firme del movimiento estudiantil en la pelea contra el recorte presupuestario y salarial en las universidades nacionales, expresión válida y legítima de la bronca hacia el ajuste. Las autoridades, aliadas del gobierno, gastan sus recursos y usan sus puestos jerárquicos para perseguir a quienes defienden la universidad pública, en lugar de sumarse al justo reclamo de la comunidad educativa.

Nos plegamos a la exigencia de anulación de la causa judicial y el retiro de los cargos a los compañeros y compañeras.