Universidad - Ley de Financiamiento Universitario aprobada ¿Y ahora qué?

En los últimos meses fuimos testigos de cómo los principales actores de las universidades nacionales hablaban de la tan esperada Ley de Financiamiento Universitario, que finalmente fue aprobada en el Congreso. La misma eleva el presupuesto universitario al 1% del PBI y establece mecanismos de recomposición presupuestaria por los meses de pérdida. También establece el llamado a convocatorias para docentes y no docentes. 

La noticia fue festejada por los rectores y por los gremios docentes, no docentes y estudiantiles de las universidades. Sin embargo, es un festejo a medias, ya que está cantado que Javier Milei va a vetar la ley. Los Consejos superiores universitarios de varias casas de estudio ya hicieron declaraciones repudiando el veto bajo la consigna “si hay veto, hay marcha”. 

No parece un dato menor que todo lo dicho hasta ahora sea un dejavú de lo ocurrido el año pasado, cuando se votó una ley que posteriormente fue vetada por el presidente. A pesar de las clases públicas masivas, de tomas de facultades, de movilizaciones enormes en varios puntos del país, el veto siguió vigente y la situación de las universidades, lejos de mejorar, empeoró. 

Las universidades cierran el 2025 con los números en rojo. En términos reales, el presupuesto para este año es inferior al del año pasado y desde 2023 acumula una caída del 32%. El impacto de esto se ve en las condiciones de trabajo y estudio de miles de personas que han debido rebuscárselas para sobrevivir a un ajuste salvaje. El estudiante ha visto la pérdida de varias becas y ayudas económicas directas o indirectas que lo ayudaban a sostenerse. El docente ha visto su salario caer un 28% desde que Milei asumió la presidencia, lo que lo obliga a buscar un segundo trabajo o a ser parte de los más de 10 mil que renunciaron a su cargo para dedicarse a otra cosa más rentable o para ser parte de la fuga de cerebros hacia destinos como Estados Unidos, Europa o Brasil. Por último, un decano de la Universidad Nacional de Córdoba afirmó que tres categorías no docentes están por debajo de la línea de pobreza. 

Frente a semejante panorama uno se esperaría que las universidades hoy fueran las protagonistas de un gran conflicto que pusiera sobre las cuerdas al gobierno nacional y a los funcionarios del Ministerio de Capital Humano. Sin embargo, hay una tensa calma que preocupa a más de uno pero que, sobre todo, tranquiliza a algunos sectores de poder. Para comprender mejor por qué la situación no se transforma en estallido es necesario revisar en qué andan las autoridades universitarias. 

Doble juego de los rectores

El 30 de agosto sesionó en Rosario el 94° Plenario de Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Allí, con la presencia de las autoridades de los gremios docentes, no docentes y estudiantiles, celebraron la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y, al igual que en los Consejos Superiores de las universidades, declararon “si hay veto, hay marcha”, que en este caso se llevaría adelante cuando la Cámara de Diputados trate el asunto. 

Sin embargo, el detalle interesante dentro de dicho plenario es que paralelamente se llevó adelante el primer Congreso de Innovación Universitaria con el objetivo de, según el Franco Bartolaci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, “dar cuenta de los desafíos que nos impone el mundo que vivimos tiene que emprender una segunda reforma universitaria que nos permita construir una institución mucho más moderna, democrática y participativa, pero que sobre todo provoque una revolución, académica, pedagógica y curricular”. Una vez más, mientras el presente se torna oscuro, se vuelve a poner en discusión el futuro de nuestra educación. La pregunta en este caso es ¿qué futuro proponen nuestras autoridades?

En la Conferencia de Clausura del Congreso tres radicales se sentaron a disertar. Por un lado, Bartolacci, anfitrión del Congreso; Jhon Boretto, rector de la UNC; y finamente Hugo Juri, ex rector de la UNC y ex Ministro de Educación durante el gobierno de De la Rúa, quien además fue el orador principal. En dicha instancia, Juri dedicó casi una hora a la defensa del sistema de créditos y del bachillerato universitario. Como puntos a destacar en su argumentación retomó -con la lógica argumental de la civilización vs la barbarie- a aquellos “conservadores” que no pueden entender la necesidad de estos grandes cambios en la época de las Inteligencias Artificiales. Por otro lado, hizo énfasis en los decanatos que no creaban bachilleratos en sus respectivas facultades y cuestionó, con frases como “no se pueden discutir todas las cosas”, los mecanismos de decisión dentro de la universidad. Acto seguido, dio varios ejemplos de cómo algunas grandes empresas expresaban su preocupación ante la falta de profesionales en un área particular, dando cuenta de que algo ya sabido: son los capitalistas los primeros en preocuparse por reformar la educación superior para tener mano de obra que les permitan satisfacer sus intereses. 

Este es el modelo que la gran burguesía quiere para nuestra universidad. Ya desde 2018 se viene denunciando fuertemente el intento de aplicar el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), una reforma que, aunque pasan los años, sigue avanzando sobre la educación superior sin importar el color político del gobernante de turno. Sus postulados mercantilistas y privatizadores no son más que la aplicación de la Ley de Educación Superior menemista y la adaptación local del plan Bolonia europeo. Y a pesar de todos los discursos críticos hacia el ajuste de Milei, no hubo ni una sola crítica de la resolución presidencial que impone la aplicación del SACAU en todas las universidades antes de 2027.

Además, las autoridades universitarias, más allá de las resoluciones y los discursos, no dudan ni un segundo en aplicar el autoajuste en las casas de estudio. En la UNC, por ejemplo, el recorte de becas y ayudas económicas para los estudiantes es moneda corriente desde hace años. El Comedor de dicha universidad tiene aumentos semestrales de acuerdo a la inflación por resolución del Consejo Superior, por lo que garantizar el alimento para todo el año se vuelve una posibilidad frente a un panorama económico desolador. 

Por último, no es menos importante mencionar que el autofinanciamiento (paso previo para una privatización) está más presente que nunca como una alternativa. En la UNC esto se aplica por ejemplo en los convenios con empresas transnacionales y en la Sociedad Anónima Unificada creada a fines del año pasado con el fin de llamar a inversores. Y en la UNR se dio a conocer la apertura del Programa de Solidaridad Universitaria, donde personas y empresas pueden “aportar” al presupuesto universitario. Nuevamente, dan cuenta de su hipocresía: hablan orgullosos de la universidad pública y gratuita mientras que por detrás permiten el arancelamiento y la intervención de las multinacionales. Este es el modelo de “innovación” que nos quieren imponer. Frente a eso, hay que militar por una alternativa. 

Por una universidad al servicio del pueblo

Los grandes empresarios, el gobierno y los rectores, aunque con matices, tienen muy en claro su proyecto de universidad: una en la que entren pocos y que sus contenidos sean serviles a las demandas de los explotadores. Frente a eso, tenemos que tener una propuesta de futuro para los trabajadores y estudiantes universitarios, donde el conocimiento sea puesto al servicio del pueblo para su liberación y desarrollo. 
Esta propuesta no va a venir hoy de las conducciones gremiales. Los representantes docentes, no docentes y estudiantiles son hoy garantes del ajuste en la universidad en la medida que no saquen los pies del plato y se pongan al hombro la lucha contra el gobierno nacional. En lugar de dedicar horas de su vida a reunirse con rectores y diputados para discutir proyectos de ley que perfectamente pueden terminar en nada, deberían dedicarse a plantear medidas contundentes que garanticen un aumento de presupuesto y de salario, además de discutir una orientación de los planes de estudio que no sean pensados por aquellos empresarios que aprovechan la crisis para despedir y precarizar mientras aumentan sus ganancias. 

Es necesario que encaremos discusiones a todos los sectores universitarios para construir un plan de lucha en las calles contra Milei. Si hay una nueva marcha universitaria hay que participar, pero sabiendo que es necesario que la situación se eleve para no quedarse nuevamente sin Presupuesto para el 2026 y para impedir los recortes y las reformas académicas regresivas dentro de cada Universidad. Con esa idea, hay que preparar las condiciones para discutir y construir el sistema universitario que el pueblo argentino necesita, sabiendo que solo podrá lograrse por medio de la rebelión popular por la liberación nacional y social. 
Emilio Arias