Un veranito en pleno invierno

Justo cuando el modelo de dólar barato crujía bajo el peso de sus propias inconsistencias, el acuerdo con el FMI y otros organismos internacionales destrabó préstamos por más de USD 20.000 millones durante 2025.
El objetivo del crédito externo es garantizar -al menos hasta fin de año- un colchón de reservas en el BCRA suficiente para mantener pisada la cotización del dólar y llevar tranquilidad al mercado financiero local sobre la disponibilidad de divisas, para garantizar la continuidad de los instrumentos de deuda (bonos, letras) y evitar una repentina corrida de capitales hacia el dólar, que provocaría un salto en la cotización de la moneda y una herida de muerte para la desinflación, el corazón del plan económico y político del tándem Milei-Caputo.
No es el primer “conejo de la galera” que inventa Caputo, un experto en especulación financiera. Tras una devaluación extraordinaria a inicios de su mandato, el gobierno apeló a diferentes mecanismos para mantener un equilibrio entre el sostenimiento del dólar barato y las reservas del BCRA: el mantenimiento del cepo, el dólar blend para el agro, la postergación del pago de importaciones (I Trim 2024), la liquidación de la cosecha gruesa (mayo-junio 2024), el blanqueo de capitales (sept-oct 2024) y el préstamo con el FMI (mar 2025), junto al drenaje de todo el superávit comercial de 2024 (USD 19.000 M). 
Para su último truco, el gobierno intenta montar -con más anuncios que avances- un andamiaje legal, fiscal y administrativo para promover que las personas físicas gasten “los dólares del colchón”, con el objetivo de ingresarlos al sistema financiero (una especie de blanqueo permanente) y, en última instancia, engrosar las reservas del Banco Central. 
El apuro del gobierno por conseguir divisas no se explica solamente como la contrapartida necesaria de la política de dólar barato, sino también como parte del acuerdo con el FMI, que establece una desafiante meta de acumulación de reservas para junio y diciembre. 
La misión se complica porque el gobierno apuesta a un juego contradictorio: formalmente se compromete a conseguir dólares y resolver la situación de reservas negativas en el BCRA, pero mientras tanto interviene indirectamente (dólar futuro, etc.) para pisar la cotización y se niega a comprar reservas dentro de la banda cambiaria ($1.000 / $1.400) por temor a que una suba de la divisa se traslade a precios y avive la inflación. Es decir, mantiene vigentes incentivos y acciones que impiden la acumulación de reservas genuinas. Entonces, para lograrlo solo le queda el camino de la deuda, el favorito de Toto Caputo.
En esa dirección deben interpretarse la colocación de un bono para inversores extranjeros (Bonte, por USD 1.000 M) con una generosa tasa de interés y una opción de recompra; la negociación de un nuevo REPO con bancos comerciales (por entre USD 2.000 y USD 3.000 M); la flexibilización de los requisitos para el ingreso de dólares extranjeros al carry trade; y la postergación (de junio a julio) de la visita y la fecha de corte de la revisión de las metas del acuerdo con el FMI, lo que le otorga al gobierno más tiempo para juntar los USD 4.000 M que le faltan para cumplir con la meta, requisito para los siguientes desembolsos del organismo. No obstante, hay que tener en cuenta que el préstamo del FMI fue la forma económica de manifestar el apoyo político de Donald Trump al gobierno de Milei, por lo que puede recurrir a un “perdón” (waiver) del organismo en caso de incumplimiento.
Típico de casta, en año electoral el plan económico tiene un objetivo político: mantener el dólar barato como ancla para contener la inflación y asegurar un triunfo libertario en las elecciones de octubre. Según su libreto, esto permitiría mostrar fortaleza y dar confianza ante los inversores extranjeros, aprovechar el envión para retornar a los mercados voluntarios de crédito y, con ello, reestructurar los vencimientos de 2026 y 2027, postergando los pagos y estirando los plazos mediante nuevos instrumentos de deuda, a la espera de un flujo de dólares genuinos gracias al RIGI y una renovada explotación de los recursos naturales (agro, petróleo y gas, minería), preparando al país para un crecimiento sostenido de la economía. 
Mientras tanto, el nudo gordiano para acceder al crédito externo es la disminución del “riesgo país”: un indicador que, a partir del rendimiento de los títulos de deuda de un país en el mercado secundario, calcula el riesgo de invertir en él. El riesgo se expresa en la tasa de interés “extra” (en relación a los bonos de EEUU) que ese país debe pagar por un crédito. Como criterio, cuántos más esfuerzos destina un país al pago de la deuda, más baja el riesgo país. 
En 2024 el riesgo país comenzó en 2000 puntos y fue bajando gradualmente hasta los 600 puntos, conforme Milei avanzaba con un ajuste neoliberal y se ganaba el corazón de los capitales financieros. En 2025 el índice osciló entre los 600 y 750 puntos básicos, cifra que debe bajar aproximadamente hasta los 500 puntos (o menos) para lograr un acceso al crédito externo a tasas aceptables. Con esa meta en la cabeza, el gobierno intenta organizar el plan económico para demostrar su compromiso con el reordenamiento macroeconómico, el pago de la deuda y el superávit fiscal, hasta lograr bajar el riesgo país para acceder al mercado voluntario de deuda. 
El problema es que el capital financiero mira diferentes variables, tanto económicas como políticas, a la hora de invertir en un país: el nivel de las reservas, los resultados electorales, los indicadores de inflación, el resultado fiscal, las probabilidades de devaluación, etc. con el objetivo de determinar la capacidad de pago de la deuda y el riesgo y la rentabilidad de la inversión. En ocasiones, esas variables pueden resultar contradictorias: hoy, el gobierno debe elegir si mostrar sostenibilidad económica acumulando reservas para alejar los fantasmas de devaluación, o bajar el dólar para anclar la inflación, ganar las elecciones y mostrar sostenibilidad política. Como se dijo anteriormente, hoy prioriza la segunda opción, con el dilema de que la política de dólar barato es artificial, vale decir, no está anclada en un flujo genuino de inversiones, en un superávit comercial sostenido, o en el crecimiento de la productividad y el volumen de la economía argentina. Ergo, para mantenerse requiere de reservas fuertes y/o un flujo positivo de dólares, cuando lo que tenemos actualmente son reservas negativas y déficit en la balanza de pagos, paradójicamente generado por la propia política de dólar barato. En ese sentido, la única variable que resuelve esa ecuación insostenible es el escaso endeudamiento externo que se encuentra disponible (FMI, REPO, organismos internacionales), lo que redunda en un esquema sumamente frágil. En otras palabras: no hay Plan B.
Si hasta fin de año la situación evolucionara de manera desfavorable, podríamos llegar a un descalabro completo del modelo. Una ritmo excesivo de caída de reservas en estos meses o un resultado electoral desfavorable en octubre pueden generar una expectativa negativa en los mercados, que lleve el dólar al techo de la banda y, eventualmente, agote las reservas, sin posibilidad de recurrir al FMI (con quien ya estamos sobreendeudados), provocando una devaluación brusca y un traslado a precios (inflación), junto con una retirada de los capitales de los bonos de la deuda argentina, el incremento del riesgo país y la imposibilidad de retornar a los mercados voluntarios de crédito, dejando al país al borde del default -dados los gruesos vencimientos de deuda de 2026 y 2027. Con paritarias hoy prácticamente congeladas, semejante contexto sería la base de una fuerte intervención popular, para impedir que la crisis caiga sobre los hombros de la clase obrera.
¿Y si sale bien? Asumimos por un momento que el gobierno tiene éxito en el sendero económico descrito anteriormente. Si así fuera, ¿hacia qué país vamos? Por un lado, hacia una economía reprimarizada con eje en la exportación de commodities agrarios, petróleo y gas y minerales (los únicos con capacidad de competir a nivel internacional), con baja generación de empleo, una industria limitada a las ventajas comparativas y la desaparición del tejido pequeño y mediano (comercio, servicios, industria). Por otro lado, vamos hacia una reestructuración de la relación entre el capital y el trabajo. Al respecto, hay una pista en el acuerdo con el FMI, donde las metas exigen la implementación de reformas estructurales que, por otra parte, el propio Milei prometió por motu proprio como reformas de “segunda y tercera generación”. Se trata de reformas estructurales en los campos laboral, previsional, estatal y tributario que, en resumidas cuentas, incrementen la riqueza apropiada por el capital y reduzcan la participación de los trabajadores en la economía.
En definitiva, salga bien o salga mal, el destino de la clase obrera es de mayor ajuste, explotación y sufrimiento. El futuro depende de una fuerte intervención popular que tuerza el brazo al gobierno y haga realidad el “se tienen que ir”.
David Paz