Un fallo que da vergüenza

El fallo que se vivió el martes 4 de noviembre en Tribunales Federales en la ciudad de Rosario, dando “fin” a la causa del Villazo, fue duro para los familiares, compañeros y para el pueblo trabajador, ya que dejó absueltos a los 17 acusados.

El tribunal falló a favor de los empresarios, civiles, policías y militares acusados de los homicidios, secuestros y torturas cometidos en la localidad santafesina entre los años 1975 y 1976, en la antesala del golpe de Estado. El operativo tuvo como blanco a 69 víctimas, de las cuales 57 fueron asesinadas.

El proceso judicial había generado expectativas por tratarse del primer caso en Santa Fe que podría comprobar la responsabilidad y complicidad empresaria con la represión ilegal. 

La Fiscalía Federal de Rosario había solicitado prisión perpetua para dos exdirectivos de la empresa Acindar y penas de entre 10 y 25 años para exfuncionarios policiales y un guarda rural. Por su lado, el equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) también reclamó condenas a perpetuidad para civiles y penas de entre 16 y 25 años para los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en la represión.

Sin embargo, el tribunal -integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci- resolvió absolver a la totalidad de los imputados

La sentencia estuvo dividida. Moisés Vásquez y Paulucci beneficiaron con la medida a los acusados Roberto Pellegrini, Ricardo Oscar Torralvo, Roberto Raúl Squiro y Juan Carlos Faccendini, entre otros, a quienes se imputaban delitos de privación ilegal de la libertad agravada y asociación ilícita. Pellegrini y Torralvo, además, enfrentaban cargos por homicidio agravado que habrían damnificado a varias personas, incluyendo a Jorge Ramón Chaparro y Julio Palacios. A Pellegrini, Torralvo y Squiro, quienes se encontraban en prisión preventiva, se les dispuso la liberación inmediata.

Por su parte, el juez Sutter Schneider emitió un voto en disidencia en el que consideró que 30 detenciones efectuadas entre marzo de 1975 y mayo de 1976, así como 10 asesinatos ocurridos en el mismo periodo, constituían delitos de lesa humanidad. Sutter Schneider consideró también que las víctimas fueron perseguidas por su vínculo con la “Lista Marrón”, liderada por Alberto Piccinini. En consecuencia, propuso condenar a Roberto Álvarez a ocho años de prisión e inhabilitación especial por privación ilegítima de libertad agravada y a Pellegrini a seis años como partícipe necesario del mismo delito sobre Roberto Justo Martínez.

Federico Pagliero, abogado querellante de la APDH, advirtió que apelarán la sentencia. “Es una vergüenza por la cantidad de pruebas que había sobre Pellegrini y Torralvo y sobre los policías. No se entiende, lo único que se entiende es que el poder judicial se acomoda al clima de época”, dijo en diálogo con La Retaguardia.

Fueron muchísimas horas de relato de compañeros familiares, contando experiencias terribles que cometieron los acusados en complicidad con la empresa, en el marco del operativo “serpiente roja”. A su vez que en esos relato aparecía lo genuino de los trabajadores organizándose en contra de la burocracia de conjunto con sus familias y el pueblo de Villa. El poder judicial de los poderosos, acomodada a los tiempos políticos que corren, defendió los intereses del gran empresariado, beneficiario principal de la represión contra el movimiento obrero en los años ’70.

Se recibió un golpe, hay que levantarse y redoblar los esfuerzos para conseguir memoria, verdad y justicia para los compañeros que cayeron defendiendo los intereses de la clase trabajadora.

Alexander Kant