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Facundo Molares, referente del Movimiento Rebelión Popular, continúa detenido a la espera de que se resuelva su situación, frente al pedido de extradición por parte del gobierno fascista de Colombia. Luego de haber estado alojado en el penal de Rawson (Chubut), en enero fue trasladado a la unidad 1 de Ezeiza (Provincia de Buenos Aires) lugar de detención que no cuenta con las condiciones apropiadas para atender su delicado estado de salud, lo cual agrava su situación de detención ya de por si injusta.
Desde su detención en noviembre se vienen realizando distintas actividades en reclamo de su libertad y contra su extradición, en donde destacó el acampe y posterior conferencia de prensa en el Obelisco realizados en dciembre. Se expidieron por la situación de Facundo una gran cantidad de organizaciones y referentes políticos, sociales y de Derechos Humanos. En el mes de febrero, desde la Coordinadora en Solidaridad con Facundo Molares se impulsa la campaña “1000 pintadas por Facundo”, para que en diferentes partes del país se siga impulsando el reclamo.
El gobierno de Alberto Fernández mantiene preso al periodista y militante por un pedido realizado por la Interpol, con la intencionalidad de extraditarlo a Colombia. Tras la firma de los acuerdos de paz, se creó en Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una estructura con amplias facultades para resolver los temas judiciales derivados de la etapa de enfrentamiento armado. Pero la jueza y el fiscal que reclamaron la detención de Facundo no actuaron en el marco de la JEP. Así, el estado argentino desconoce dicha jurisdicción especial al aceptar la solicitud de funcionarios que no tienen competencia. Una irregularidad alevosa por parte del gobierno de nuestro país, ante la cual el juez de la causa Guido Otranto mira para otro lado.
En cuanto al pedido de extradición, el mismo se encuentra demorado gracias a impugnaciones que interpuso la defensa asumida por la Gremial de Abogados y Abogadas. El pedido de extradición efectuado no cumple todos los requisitos legales establecidos en Argentina. El juez Otranto pidió a principios de enero que se realice otra solicitud acorde, con un plazo de 30 días.
Ratificamos nuestro compromiso en la pelea por liberar a Facundo y para impedir su extradición.
Corresponsal
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