Sobre los DEG y las prioridades - Un gobierno pagador de deuda

Pasaron algunos meses desde que el bloque del FdT en el Senado presentó la “Proclama del 25 de Mayo”. Allí se caracterizaba la situación política a partir de la emergencia sanitaria y la crisis social y económica provocadas por la herencia de Macri y la pandemia de Covid, concluyendo que existe un “contexto de necesidad” que impide afrontar los compromisos de deuda con el FMI y otros organismos. Como salida, se proponía suspender los pagos de deuda mientras se extendiera la emergencia sanitaria, investigar el proceso de endeudamiento, reprogramar los vencimientos y utilizar los fondos públicos -en particular los U$S 4.350 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI- para la atención de la emergencia sanitaria, económica y social, priorizando ante todo el interés general. 

La propuesta fue sorpresiva, pues resultaba ciertamente valiosa pero contradictoria con las propias decisiones del FdT: el gobierno nacional había firmado en agosto de 2020 un acuerdo de pago con los bonistas privados, y durante 2021 avanzó con las renegociaciones de las deudas provinciales. En otras palabras, venía primando la voluntad de reconocer las deudas, renegociar los términos (plazos, tasas) y pagar sin investigar.

Pues bien, tan solo dos meses después de la “Proclama…”, la propia Cristina enterró la propuesta al declarar que los DEG debían ser usados para pagar los dos vencimientos de capital con el Fondo Monetario (U$S 1.900 M en septiembre, U$S 1.900 M en diciembre). Quedó en el pasado la idea de utilizar dicha suma para la atención de la situación sanitaria y social o para la reactivación económica.

El giro no fue inesperado, pues la “Proclama...” parecía una maniobra para condicionar a Martín Guzmán, vale decir, una puesta en escena que formaba parte de la interna del FdT. La “panquequeada” de Cristina se explica por la necesidad de mantener las buenas migas con el FMI en dirección a renegociar el pago de la deuda con el organismo, evitar en el corto plazo una reprogramación de los vencimientos o una cesación de pagos y “tranquilizar a los mercados” acerca de la voluntad pagadora del país. 

Tras la noticia, el capital financiero se mostró satisfecho y el establishment local, endeudado hasta la coronilla, agradeció “el pragmatismo de Cristina”, un pragmatismo al servicio del gran capital. El mismo lineamiento de política económica mantuvo el gobierno cuando aprobó un Presupuesto 2021 con fuerte reducción del déficit fiscal logrado a partir del recorte de la asistencia de emergencia por la pandemia (IFE, ATP y otros), o cuando actualizó las jubilaciones por decreto en 2020 y permitió a la ANSES “ahorrarse” unos $100.000 millones -que salieron del bolsillo de los jubilados, por supuesto. 

El gobierno presenta cifras de recuperación económica, pero la única variable que no repunta es el consumo, pues los ingresos de los sectores populares están por el piso. En suma, esta nueva agachada del kirchnerismo aprieta el cinturón de aquella mitad de la población que vive bajo la línea de pobreza, quienes perdieron su trabajo o tienen ingresos que corren tras la inflación, o quienes deben arriesgarse al Covid asistiendo a sus puestos de trabajo pues no hay cuarentena ni presupuesto para un nuevo IFE. 

La única salida que puede hacer viable la satisfacción de las demandas populares es la suspensión del pago de la deuda externa, cuya investigación ratificará su carácter fraudulento e ilegítimo. En esa dirección, seguimos dándole impulso a la unidad en torno a la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, que lanza una campaña de difusión para el 28 de este mes. Convocamos a confluir en ella a todos los sectores democráticos, antiimperialistas y patrióticos que quieran sumar fuerzas para terminar con esta estafa contra el pueblo trabajador.

David Paz