Santa Fe - Discapacidad: por la defensa del derecho a la salud

La enfermedad libertaria empuja al colapso, los anticuerpos se propagan desde las bases.

A dos años y medio de la asunción de Milei, el sector de discapacidad atraviesa una de las mayores crisis de su historia. 

De fondo sabemos que el gobierno nacional viene reduciendo presupuestos “de donde sea” para ser servil a los pagos de intereses de deuda que viene tomando hace un año con bancos y grupos financieros (hasta con el propio Tesoro de EEUU) para -supuestamente- “sanear la macro economía”. A la vez, este supuesto no se condice con una mayor productividad, empleo, nivel de comercio y consumo, tampoco con presupuestos para cuidados, servicios, salud y educación.  Al contrario, la timba financiera se aceleró. Hay más de USD 450 mil millones fuera del país de origen nacional que se vienen fugando desde la ley de secreto bancario.

En todo el país las organizaciones que prestan tratamientos y terapias, sus trabajadoras profesionales y talleristas, familias y personas con discapacidad se vienen organizando para exigir respuestas concretas a todos los niveles estatales porque están ante una crisis irreversible. Deudas de hasta 7 meses sin cobrar lo trabajado, obras sociales privadas que niegan prestaciones y terapias porque el sistema nacional no baja el dinero presupuestado o lo hace por goteo, mora en alquileres, servicios y auditorias abusivas en momentos de riesgo de cierre.

Esto ya se refleja en el cierre de espacios históricos con más de 20 o 30 años, deudas de salarios y servicios, y en sí, la falta de acceso a derechos y prestaciones para las personas con discapacidad, reduciendo la calidad de vida y saturando a las familias. 

El aumento al valor de cada tratamiento, terapia, especialidad o servicio garantizado por trabajadoras, transportistas e instituciones quedo debajo de la inflación y del relato libertario. De 2024 a mayo de 2026 los aumentos a los servicios que brinda el sector rondan en menos del 100% en algunos casos, y de 135% en otros, mientras que la inflación en la misma etapa acumula 311,3% según INDEC. 

Los recortes sobre las pensiones en 2024 (sin aviso previo en muchos casos), el 3% de Karina Milei y los hechos de fuga del presupuesto a negocios privados denunciados en 2025, la toma de ANDIS por familias y trabajadoras que apuró hacia una ley incumplida y que habla con claridad de la descomposición de las instituciones para representar necesidades populares, configuran un escenario de incertidumbre y vulnerabilidad para miles de personas. 

Sin embargo, uno de los problemas más graves se encuentra hoy en el funcionamiento de Incluir Salud, la cobertura destinada a personas con discapacidad que no cuentan con obra social. Incluir Salud acumula alrededor de siete meses de deuda con quienes brindan servicios. Esta situación está llevando al límite a centros de atención, transportistas, profesionales, acompañantes terapéuticos y trabajadores de distintas disciplinas, que continúan sosteniendo las prestaciones pese a no percibir los pagos correspondientes.

Muchas familias comienzan a sufrir interrupciones o restricciones en los servicios autorizados, mientras las instituciones ven crecer sus deudas y enfrentan dificultades cada vez mayores para mantener sus puertas abiertas. En un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo de los salarios y una inflación que continúa afectando los costos de funcionamiento, la situación se vuelve cada vez más crítica.

Frente a este panorama, en la provincia de Santa Fe comenzó a consolidarse un espacio de encuentro entre instituciones, trabajadoras, familias y personas con discapacidad con dinámica asamblearia y toma de decisiones del conjunto porque el sectarismo o el subjetivismo de “qué hacer” sin pensar en las condiciones de cada parte impidió hasta entonces construir una respuesta colectiva ante una emergencia que ya no puede seguir siendo ignorada. De las distintas asambleas surgió un reclamo central: la sanción de una Ley Provincial de Presupuesto de Emergencia en Discapacidad que permita destinar recursos para garantizar la continuidad de las prestaciones mientras el gobierno nacional incumple con sus responsabilidades. La iniciativa busca evitar el cierre de instituciones y asegurar que las personas con discapacidad no queden privadas de apoyos esenciales para su vida cotidiana.

Junto con este planteo, también se reclama posición y acciones del gobernador Pullaro en defensa de las personas con discapacidad, los trabajadores y las instituciones del sector, pero hasta el momento evita declaraciones públicas respecto a la crisis que atraviesa el área. 

Las asambleas lograron avanzar en algunos compromisos preliminares, como la posibilidad de que se suspenda el cobro de Ingresos Brutos y otros tributos provinciales a las instituciones. Medida insuficiente para resolver el problema de fondo, pero que significa un  gran alivio a las organizaciones que hoy se encuentran ahogadas financieramente: Si Santa Fe puede otorgar beneficios impositivos a sectores económicos concentrados favorecidos por la política económica nacional, como cerealeras y grandes tenedores de campos, resulta legítimo preguntarse por qué no avanzar con medidas similares para un sector que sostiene derechos fundamentales y que hoy se encuentra al borde del colapso.

Lo que está en juego no son solamente balances contables o partidas presupuestarias, detrás de cada prestación hay una persona, una familia y un proyecto de vida. Las asambleas continúan creciendo y la demanda es clara: que la Provincia intervenga de manera urgente para evitar que la crisis provocada por el ajuste nacional termine destruyendo una red de contención indispensable para quienes más la necesitan.

La mesa de trabajadoras de discapacidad como impulsora y parte de estas asambleas sigue sosteniendo la necesidad de acciones directas complementarias a las demandas administrativas y legislativas, ya que luego de dos años y medio no se puede confiar ni subordinarse a los tiempos y ritmos de ningún estamento, ni a gestos de un dialogo agotado en si mismo por el propio presente y bronca compartida en el sector. El Estado es responsable, sin importar color ni nivel. Debe ser la organización y el movimiento de las bases el piso para consolidar una política propia, sensata a las necesidades e intereses del sector.

Arturo Matorras