Reforma laboral | A la medida de banqueros, monopolios y el FMI

Al finalizar el mes de abril, el gobierno nacional envió al Congreso tres anteproyectos de reforma laboral, en un nuevo intento por precarizar y flexibilizar las condiciones laborales, avance que fue frustrado tras las jornadas de diciembre, cuando la sanción de las leyes previsional y tributaria.

La intención del macrismo es aprobarla en etapas según son los consensos con los bloques legislativos y gremios más cercanos. Por esta razón, en este paquete de leyes no figuran los cambios laborales que generan más resistencia entre los sindicatos, como el cálculo de las indemnizaciones y la posible creación de un fondo de desempleo que pueda incluirse en los convenios colectivos sectoriales.
La primera iniciativa sería el plan de blanqueo laboral donde, a cambio de la registración del trabajador en negro los empleadores son perdonados en sus deudas legales y económicas de las que fueran pasibles. Al trabajador se le reconocen aportes previsionales calculados sobre el salario mínimo vital por un máximo de 60 meses, el mismo plazo de reconocimiento de la antigüedad. La situación de extrema precariedad del trabajador en negro reclama una pronta solución que tiene el nombre de trabajo registrado y con una justa remuneración y no llegar por la vía de un blanqueo de la explotación social.
La segunda iniciativa de esta primera etapa será el denominado Sistema de Prácticas Formativas, que abriría paso a las pasantías como modalidad de capacitación y no como un vínculo laboral, destinado a “estudiantes y nóveles graduados de la Educación Superior, y los estudiantes de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, en todos los casos mayores de 18 años, a cumplirse en Empresas o Instituciones públicas o privadas, con excepción de las empresas de servicios eventuales aun cuando adopten la forma de cooperativas” . Las ‘prácticas’ reciben como pago un ‘estímulo’ no remunerativo y aunque el ‘practicante’ cumpla la totalidad de 30 horas semanales la empresa está eximida del pago de cargas, adicionales ni beneficio extra que prevean los convenios de cada actividad. Este proyecto contaría con el aval de un sector de la CGT, pero no es unánime como lo es el blanqueo.
El tercer proyecto prevé la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET) como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, con autarquía económica, financiera, y personería jurídica propia.
Se trata de una iniciativa elaborada codo a codo con los equipos médicos de los gremios y que Macri prometió a los dirigentes sindicales durante su primer año de gestión, cuando acordaron el plan de Cobertura Universal de Salud, cuyo financiamiento, en parte, proviene de la caja de las prestadoras sindicales.
Para FESPROSA “…lo más grave es que la AGNET determinará la canasta básica de prestaciones del Sector Público, una de los aspectos esenciales de la CUS en el proyecto de reforma sanitaria. Se trata de un verdadero atentado a la universalidad, la gratuidad y la integralidad de la atención en el Sistema Público de Salud”.
Cabe señalar, que estas reformas de las condiciones laborales figuran entre los condicionamientos principales impuestos por el FMI para acordar una ‘ayuda’ financiera al gobierno de Macri. Sin embargo, el rechazo popular que genera el pacto con el Fondo, y el costo político para quien lo promueva, alteró el escenario en que se discuten las reformas. Por otro lado, la devaluación de más del 30% en lo que va del año, supone un saqueo al salario real, una transferencia de ingresos de hecho del bolsillo de los trabajadores a los de banqueros y monopolios. La respuesta de los trabajadores se hará sentir, más temprano que tarde.

R.J.