No al proyecto de falsas denuncias

Este año la senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada (UCR-JxC) volvió a presentar un proyecto de ley que propone aumentar las penas por falsas denuncias, especialmente en causas de violencia de género y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. La iniciativa, con el respaldo del ministro de Justicia Cuneo Libarona y de LLA, ya cuenta con dictamen de mayoría y está lista para ser tratada en el Senado. Desde el movimiento de mujeres y diversidades tenemos que estar en alerta y organizar la lucha contra este proyecto que intenta avanzar peligrosamente sobre nuestros derechos.
El proyecto propone penas de hasta seis años de prisión para quienes realicen denuncias consideradas falsas, y hasta ocho años para peritos que falsifiquen o induzcan pruebas en estos casos. No existen cifras oficiales que respalden que las falsas denuncias por violencia de género o delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes constituyan un problema de tal magnitud que justifique modificar la legislación penal para endurecer una sanción que ya está contemplada en los artículos 245 (falsa denuncia) y 109 (calumnias e injurias) del Código Penal. Organizaciones especializadas como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), advierten que la reforma sería innecesaria y peligrosa. 
Según Losada, Cúneo Libarona y quienes impulsan esta propuesta -en muchos casos, los mismos que han sido denunciados-, el objetivo sería proteger el principio de inocencia frente al supuesto “desprestigio” que generan estas denuncias. Sin embargo, el principio de presunción de inocencia ya rige en nuestro sistema jurídico y protege adecuadamente a los imputados, por lo que no es necesario legislar aún más en ese sentido.
No se trata de resolver un supuesto déficit en el orden jurídico, sino de una iniciativa que se enmarca dentro del ataque sistemático del gobierno contra el movimiento de mujeres y diversidades, en el marco de su llamada “batalla cultural”. Intentan deslegitimar nuestros derechos y nuestras luchas contra la opresión de género. A los discursos misóginos y de odio, al desguace y cierre de áreas de género a nivel nacional, y a la negación de la violencia machista, los femicidios y trans travesticidios, se suma ahora este intento de modificar el Código Penal. Buscan reforzar la idea de que las mujeres mentimos cuando denunciamos hechos de violencia, apuntando además contra las madres protectoras que denuncian abusos sexuales hacia sus hijos e hijas y contra quienes acompañan a las niñeces y adolescencias en esos procesos.
Este proyecto pretende reinstalar el viejo y peligroso discurso de que somos las mujeres quienes “exageramos”, “provocamos” o “actuamos por despecho”, pretendiendo volvernos a poner en el banquillo de las acusadas, como si tuviéramos que demostrar una y otra vez, que hay un femicidio por día en nuestro país, y que, según UNICEF, se estima que una de cada 5 niñas y uno de cada 13 niños son víctimas de violencia sexual en Argentina. Buscan desalentar las denuncias, afectando gravemente el acceso a la justicia de quienes atraviesan situaciones de violencia de género, contribuyendo a reforzar la impunidad que ya impera en estos delitos. 
Las cifras que desmienten el mito
El relato que intenta instalarse sobre las “falsas denuncias” no se sostiene en evidencia empírica. Según ONU Mujeres (2024), las falsas denuncias por violencia de género no superan el 1% a nivel global. En Argentina, aunque no hay estadísticas oficiales -esto dicho por la misma Losada- los estudios existentes estiman que menos del 3% de las denuncias penales serían falsas, en su mayoría ligadas a delitos económicos y aduaneros. Según registros periodísticos del portal web de la Corte Suprema, la proporción de mujeres imputadas en dichos casos es muy baja y ninguno fue por denuncias de violencia de género, aunque no desconocemos que puedan existir. 
Este proyecto pretende sostenerse en el mito de que las mujeres mienten, una narrativa peligrosa que refuerza estigmas. Pero no son las falsas denuncias las que prevalecen en las estadísticas, sino la falta de denuncias: según la Encuesta de Prevalencia de Violencia implementada en el marco de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea (2022), 1 de cada 2 mujeresargentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior, pero solo 1 de cada 4 buscó ayuda o presentó una denuncia formal, es decir, apenas el 21 %, lo que implica que el 77 % no lo hizo. De las mujeres víctimas de femicidio en 2024 solo el 18 % había denunciado previamente al agresor y menos del 5% tenía medidas de protección vigentes al momento del hecho (Oficina de la Mujer de la CSJN, 2025). Estas cifras demuestran que lo que prevalece es la falta de acercamiento a la justicia, muchas veces por la estigmatización con la que se encuentran las mujeres al acercarse al sistema judicial, o por miedo y barreras institucionales. Los delitos contra la integridad sexual tienen un alto nivel de subregistro, debido a los procesos de revictimización que sufren las víctimas.
Un proyecto que busca disciplinarnos
Este proyecto apunta a sembrar miedo. Es básico distinguir entre una falsa denuncia y la falta de pruebas, que es lo que sí ocurre muchas veces, ya que esta confusión alimenta la idea de que, si la violencia no puede demostrarse, entonces la mujer mintió y denunció falsamente. En los casos de violencia de género y abuso sexual -especialmente contra niñeces- las pruebas no siempre son tangibles ni inmediatas. Estos hechos ocurren en ámbitos privados, muchas veces sin testigos ni evidencia física, y la palabra de la víctima suele ser la única prueba disponible. Que esa palabra sea tenida en cuenta es una conquista que nos costó años de lucha y que, aún hoy, sigue siendo una batalla a dar cada vez que se presenta una denuncia. Con este proyecto, arengado por una fuerte campaña del gobierno y de los medios de comunicación afines, se corre el riesgo de retroceder en la desnaturalización de la violencia machista, así como de reinstalar el control, la duda y el silencio que tanto nos costó empezar a romper.
El proyecto también refuerza la persecución judicial contra las madres protectoras, que denuncian abusos sexuales cometidos contra sus hijos e hijas y son acusadas de manipularlos, basándose en el inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP).
Este falso síndrome -sin aval científico alguno- se utiliza sistemáticamente para criminalizar a las madres que denuncian abusos y proteger a los agresores bajo una apariencia de “conflicto familiar”. La realidad es que más del 70% de los abusos sexuales a niños y niñas son cometidos por familiares directos. En Argentina, de cada 1.000 casos de abuso sexual, solo 100 son denunciados, y apenas uno llega a una condena judicial, según datos del Ministerio Público Fiscal difundidos por Amnistía Internacional.
Un retroceso que no podemos permitir
En algunas ciudades se están desarrollando asambleas y donde no haya, tenemos que volver a poner en pie espacios que nos permitan encontrarnos y organizarnos contra este proyecto de ley, porque no solo atenta contra nuestros derechos, sino que además pretende castigarnos y meternos presas por no callarnos, mientras le brinda mayor impunidad a la violencia machista y a los abusadores de niños, niñas y adolescentes. Tenemos argumentos a nuestro favor contra esta jugada reaccionaria. Nuestros derechos no se negocian.
El 23 de agosto en CABA está convocada una asamblea por parte del colectivo Ni una Menos. Allí, entre otros, plantearemos este tema del que ya se empezó a debatir para organizar acciones. Además, como ya hicimos en la última asamblea a comienzos de agosto, continuaremos difundiendo la campaña por la libertad de Carina Izaguirre, y contra la persecución a la CUBa-MTR, a Mecha Martínez y las compañeras de Gualeguaychú, para seguir ampliando la solidaridad que ya recogió por parte del movimiento de mujeres y diversidades. 
Julia Quinteros
Seguimos organizándonos
En agosto continuamos realizando las reuniones nacionales donde nos encontramos compañeras trabajadoras, estudiantes y del movimiento piquetero para seguir organizándonos en la construcción de un movimiento de mujeres y diversidades rebelde y combativo, dispuesto a pelear en las calles contra la barbarie libertaria. La próxima reunión es a fin de mes. Podés encontrar información en el FB: MujeryRebelion.