Mamarracho jurídico para intimidar la movilización popular

El Juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a 22 de los 31 detenidos durante los incidentes registrados después de la marcha del 1° de septiembre en Plaza de Mayo, cuando se cumplió un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El procesamiento es por los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad, y establece embargos de hasta tres millones de pesos sobre los procesados.
La decisión del juez se basa en argumentos como “agitar una bandera negra ante las vallas”, “entonar cánticos agresivos contra las fuerzas de seguridad”, “portar carteles contra la policía” o “forcejear con los efectivos mientras eran detenidos”. Los principales elementos de prueba son las declaraciones de los policías intervinientes y las actas de detención, donde están falseados los datos de las detenciones.
Esta ridícula argumentación es planteada por un juez que, claramente, está oficiando como un instrumento del poder político para intimidar la movilización popular que sigue creciendo en torno al reclamo por la verdad y la justicia para Santiago Maldonado, luego de la desaparición forzada y posterior asesinato.
Si bien no se dictó prisión preventiva para ninguno de los procesados, hay que recordar que, en su momento, estuvieron 48 horas detenidos e incomunicados, bajo repetidas amenazas de los policías a cargo. Por otro lado, las acusaciones basadas en la filiación ideológica de los acusados, sienta un precedente nefasto en cuanto a la persecución política por parte del Estado. Se debe repudiar masivamente este mamarracho jurídico y exigir el desprocesamiento a estas 22 personas injusta y ridículamente acusadas.
Corresponsal