La pelota se mueve

La Justicia argentina ha iniciado una investigación sobre el empresario estadounidense Foster Gillett y su representante en el país, Guillermo Tofoni, por presunto lavado de dinero en transferencias de jugadores. 

Quién es quién

Guillermo Tofoni es un empresario argentino con una amplia trayectoria en el ámbito deportivo. Es el fundador y CEO de World Eleven, una empresa especializada en la organización de eventos deportivos y en la representación de jugadores. A finales de la década de 1990, Tofoni se convirtió en el primer empresario latinoamericano en formar parte del selecto grupo de agentes autorizados por la FIFA para comercializar partidos amistosos a nivel mundial, estableciendo relaciones con algunas de las marcas más influyentes del fútbol internacional. 

Pero en este último tiempo, Tofoni ha ganado notoriedad por su papel como apoderado en América Latina del empresario estadounidense Foster Gillett. Juntos han explorado oportunidades de inversión en el fútbol argentino, como las negociaciones con el Club Estudiantes de La Plata. Estas operaciones han estado envueltas en escándalos y promesas incumplidas y han sido objeto de investigaciones judiciales. El fiscal Guillermo Marijuán inició una investigación para determinar si estas transacciones, en las que Tofoni y Gillett estuvieron involucrados, podrían estar relacionadas con actividades ilícitas como el lavado de dinero. Por ejemplo el traspaso fallido de Rodrigo Villagra: River Plate había acordado la venta del jugador con Gillett, pero la operación no se concretó debido a la falta de pago por parte del empresario. River presentó una denuncia por estafa y desbaratamiento de los derechos acordados. Tofoni aseguró que Gillett ya ha invertido unos 30 millones de dólares y que las operaciones son “a largo plazo”, aunque admitió que hubo “errores no forzados” en los primeros movimientos.

Además de su actividad empresarial, Tofoni mantiene vínculos estrechos con la política argentina: su pareja es Juliana Santillán, diputada de La Libertad Avanza, la voz cantante del gobierno para implementar el modelo SAD en el fútbol argentino.

¿SAD o no SAD?

En los últimos meses el debate sobre la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino ha tomado un giro significativo debido a una serie de eventos y controversias que involucran a inversores extranjeros y dirigentes locales. Foster Gillett había prometido inversiones millonarias y una transformación en el fútbol local. Sin embargo, como señalamos al comienzo de la nota, estas promesas no se han concretado, generando dudas y sospechas. 

Las SAD son ni más ni menos que la entrada irrestricta del capital financiero al fútbol. Negocios fabulosos, como la explotación petrolera, se vinculan al deporte para valorizar un capital que no tiene destino productivo. En Europa son varios los clubes cuyos dueños son empresarios de las monarquías petroleras, a veces involucrándose entes estatales de esos países. También, por supuesto, el fútbol se convierte en un lugar para blanquear dinero ilegal: varios dueños de clubes en Inglaterra están sospechados por el origen de los fondos que manejan. Y no falta lugar para los simples aventureros, como el argentino Bragarnik, a quien en el Elche español recuerdan por haber vaciado el club.

En el ámbito local, donde las SAD están prohibidas, hubo experiencias híbiridas de distinto alcance y resultado. Una de las más recordadas fue el fideicomiso de Boca durante la presidencia de Macri, cuyas compras de jugadores provenientes de países poco convencionales (Japón, Camerún) coincidieron con un ciclo deportivo exitoso. Otro caso es el de Tinelli en San Lorenzo, que siendo vicepresidente de Matías Lammens financió la conformación del plantel campeón de la Copa Libertadores, para luego retirarse de la actividad dirigencial bajo acusaciones de vaciamiento.

No se llega a la presidencia de los clubes sin ser parte de un armado de los grandes partidos que administran el poder. Quienes llegan desde afuera rápidamente deben posicionarse. Está fresco el recuerdo de Javier Cantero, un “outsider” que ganó la presidencia de Independiente a fines de 2011 y no tuvo mejor idea que enfrentarse a la barra brava. El Rojo de Avellaneda terminó descendiendo a la B y Cantero desplazado por Hugo Moyano.

En este modelo de simbiosis entre la dirigencia política y la de los clubes tienen su lugar bajo el sol las barras bravas, mano de obra político-sindical y administradores de negocios varios, la mayoría ilegales. La presencia de estas mafias abona a favor de aquellos que ven con ojos inocentes la llegada de las SAD, pensando que esta connivencia va a terminarse. Estamos muy lejos de esto. La reciente pelea entre la barra de Estudiantes de la Plata y la de Gimnasia y Esgrima frente al hospital Gonnet, muchos la vinculan a la disputa sindical alrededor del control del sindicato de la UOCRA pero que también coincide con el desembolso de Foster Gillet de parte del préstamo a Estudiantes. Más recursos, peleas por el control de los mismos, sumados al poder y legitimidad frente al nuevo escenario que proponen las SAD.

Ponerse la camiseta

También hay una fuerte resistencia por parte de los hinchas en avanzar con el modelo de las SAD. Esta surge de la pasión genuina por el club frente a la voracidad empresaria que atenta contra la identidad. Planteábamos en no transar 201: “La pregunta es si será este el desafío de los hinchas, garantizar que el fútbol siga siendo un espacio de identidad colectiva conectada con otros sectores y no una simple oportunidad de lucro.” 

Casualidad o causalidad, el miércoles 12 de marzo hinchas autoconvocados de casi todos los clubes del fútbol argentino acompañaron la marcha de los jubilados frente al Congreso. La violenta represión no amedrentó especialmente a los hinchas. Desde el gobierno y los medios adictos estuvieron, antes y después de la jornada, buscando emparentar hinchas con barrabravas, vaticinando o explicando disturbios. La realidad es que las barras bravas solo se movilizan por orden del PJ o el PRO, y no por causas nobles precisamente. Al gobierno le duele que un nuevo sector se haya sumado en la calle a luchar contra el ajuste.

Haciendo gala de su falta de temor al ridículo, Patricia Bullrich anunció un proyecto de ley para declarar a las barras bravas como un “tipo especial” de asociación ilícita, además de reclamarle a los clubes que apliquen derecho de admisión contra quienes participaron de la marcha. Anunció que los más de 100 detenidos enfrentarían penas de hasta 20 años de cárcel; al día siguiente la jueza Karina Andrade ordenó la liberación de todos. 

La madrugada siguiente a la represión, la jueza Karina Andrade ordenó la liberación de los detenidos, argumentando que no se habían precisado las circunstancias de las detenciones y resaltando el derecho constitucional a la protesta social. El gobierno de Javier Milei salió a calificar la protesta como un “intento de desestabilización”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acorralada por el desastre del operativo policial, anunció que los detenidos podrían enfrentar penas severas bajo la nueva “ley antimafia”, nueva legislación que será utilizada para reprimir la disidencia política. Además, se prohibió el acceso a eventos deportivos a 26 personas involucradas en los incidentes, muchas de las cuales tenían antecedentes penales, lo que fue utilizado por el oficialismo como argumento para deslegitimar la protesta.

La reciente movilización conjunta de jubilados e hinchas de diversos clubes de fútbol frente al Congreso Nacional mostró una creciente articulación entre distintos sectores populares, unidos en defensa de derechos que consideran amenazados por las políticas del actual gobierno. En tiempos donde se pretende avanzar con reformas regresivas, privatizaciones de empresas estatales y la privatización del fútbol a través de las SAD, estas expresiones colectivas marcan un límite y evidencian que la protesta sigue siendo una herramienta legítima para quienes no quieren resignarse a los mandatos del mercado.

Marcela Stein