FMI: el acuerdo avanza con el repudio popular

El jueves 3 de marzo el gobierno presentó el proyecto de ley que habilita un nuevo endeudamiento con el FMI a través de un Programa de Facilidades Extendidas, con el objetivo de pagar el endeudamiento que Macri realizó a través del préstamo Stand By en 2018. El texto presentado contenía dos documentos anexos, el “Memorando de Políticas Económicas y Financieras” y el “Memorando Técnico de Entendimiento”, donde figuran los principales lineamientos de la política económica para garantizar la devolución del nuevo crédito.

En la página Argentina.gob.ar, el propio gobierno describe el acuerdo de la siguiente manera:

“(...) incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio. El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión. El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034”.

Este endeudamiento fue aprobado en la sesión del jueves 11/3, no así los documentos anexos, pues la oposición de Juntos por el Cambio no quería comprometerse políticamente con un plan económico de largo plazo y consecuencias impredecibles, mucho menos uno redactado por el oficialismo. En otras palabras, buscan evitar “quedar pegados” al ajuste que aplicará el Frente de Todos en los próximos años y poder lavarse las manos si el asunto termina en fracaso. Se trata de una impostura, pues fue Macri el artífice de la deuda con el FMI, en 2018. 

No obstante las diferencias, la coincidencia de una mayoría de los bloques del FdT y JxC en acordar con el FMI tiene un fundamento estratégico: son la representación política de una clase social, más allá de las disputas y rencillas de ocasión. Y ocurre que toda la gran burguesía local tiene las manos en la masa de la bicicleta financiera, ya sea con títulos en pesos o dólares: es acreedora del Estado argentino y por eso presiona sin fisuras por un acuerdo que les permita cobrar sus acreencias, refinanciar sus propias deudas y seguir con sus negocios. 

Por su parte, el voto contrario o la abstención de la bancada kirchnerista es un salto cualitativo en la fractura del FdT, pues un importante sector de la coalición se opone pública e institucionalmente al principal lineamiento de política económica de su propio gobierno, buscando distinguir su perfil político de aquel del peronismo más conservador. Se trata de otra impostura, por cuanto se mantienen dentro de la coalición gobernante y han apoyado y sostenido un rumbo económico de ajuste contrario a la promesa electoral de revertir los efectos del modelo de Macri, incluso considerando las dificultades propias de la pandemia. No obstante, el kirchnerismo obró de esta manera para responder a la inquietud y voluntad política de su propia base electoral, una muestra más de que -al contrario de la unidad mostrada por el empresariado- no hay licencia social para un acuerdo que perjudique al pueblo trabajador.

A todo esto, el papel jugado por el Congreso es el resultado de una exigencia del organismo: obtener el visto bueno de los principales bloques políticos respecto al naciente ciclo de endeudamiento, pues la devolución del crédito tendrá lugar durante 12 años (hasta 2034) y el Fondo quiere garantizar que Argentina pague sin importar quién gobierne. Formalmente, la que establece la obligatoriedad de aprobación parlamentaria de todo acuerdo con el FMI es la Ley 27.612, presentada por el FdT en 2021 para echarle en cara al macrismo el haber eludido el parlamento con el préstamo de 2018. En cualquier caso, lo sucedido revela el carácter vergonzante de un Congreso que funciona “bien” cuando se trata de ajustar al pueblo trabajador.

Finalmente, mientras los bloques políticos rosqueaban para aprobar el acuerdo, el propio jueves cientos de miles se manifestaron en las calles de todo el país y frente al Congreso para repudiar el pacto del gobierno con el FMI, en una jornada impulsada por organizaciones políticas, sindicales y territoriales, donde nuestro partido participó junto a la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda. 

La legítma bronca popular fue respondida con la represión, el hostigamiento de los medios hacia la justa protesta y las amenazas judiciales del gobierno, que promete avanzar con investigaciones y detenciones contra las organizaciones populares. Continúa detenido el compañero Oscar Santillán del MTR Histórico. Por estos días hay un especial ensañamiento con la CUBa-MTR, a partir de notas publicadas en Clarín y La Nación, y de declaraciones del ministro de Seguridad porteño D'Alessandro. Se trata de consecuencias políticas de ocupar un puesto en la lucha popular, y no dudamos de que cualquier ataque va a ser acompañado de la más amplia solidaridad; así como tampoco dudamos de que quienes deberían estar detenidos son los responsables del endeudamiento, y sobran las pruebas para condenarlos.

Default, acuerdo y default

El acuerdo toma lugar en un contexto espinoso: el país camina por la cornisa del default. 

En 2019, Macri debió reperfilar deudas en pesos antes de dejar el gobierno, luego, el superávit comercial de 2020 y 2021 se fue por la canaleta del pago de intereses de la deuda externa, más tarde el FMI salvó la cesación de pagos mediante los DEG y ahora el acuerdo con el Fondo debe cerrarse antes del 22 de marzo, cuando cae un vencimiento de USD 3.200 millones con el organismo y las arcas del Estado están vacías. En otras palabras, Argentina es incapaz de pagar en los montos y plazos originalmente establecidos. 

Ahora bien, si el acuerdo progresa, el default será solamente postergado gracias al nuevo préstamo y sus cuatro años de gracia, pero volvería cada tres meses con las revisiones trimestrales del organismo: si Argentina no cumple la meta trimestral, no recibe el desembolso de dinero necesario para pagarle al propio organismo, y entra en cesación de pagos. Para colmo, el Fondo puede añadir metas y condiciones adicionales en las revisiones trimestrales, que pueden complicar la recepción de los desembolsos acordados y promover políticas de ajuste más severas. Por otro lado, a largo plazo el país tampoco parece ser capaz de pagar la deuda en los términos acordados, pues la devolución del crédito al organismo será simultánea al repago de la deuda en manos privadas (reestructurada en agosto de 2020), con fuertes compromisos a partir de 2025. Los vencimientos combinados de 2024/2025 hasta 2036 son sencillamente impagables, vistos los excedentes que arroja la economía argentina con la estructura y el modelo actuales: el acuerdo arribado no es una solución, sino una postergación del problema de la deuda.

La economía que se viene

Solución o no, el acuerdo supone un ajuste. Los documentos anexos mostraron finalmente el resultado de la negociación y los compromisos adoptados por el gobierno y, a pesar de no haber sido aprobados, constituyen un anticipo bastante fiel de la política económica que se viene. 

En ellos se abre la puerta a modificaciones en el sistema previsional y laboral, campos en los cuales el gobierno y los empresarios proyectan ampliar la edad jubilatoria, eliminar los regímenes especiales, reformar los convenios colectivos de trabajo, mejorar la productividad y flexibilizar las condiciones de contratación, entre otras delicias. Es cierto que se evitaron términos como “reforma estructural” u otros clásicos del FMI, pero basta leer entre líneas para entender que Argentina se dirige hacia una actualización -regresiva- de los términos de la relación entre el capital y el trabajo, una “reducción del costo laboral” en toda la línea, lo que después de todo, es una tendencia mundial del capitalismo. Al respecto, no solamente hubo declaraciones de funcionarios oficialistas en esa dirección sino también varios hitos concretos, como la modificación del cálculo de haberes previsionales en marzo 2020 que permitió al Estado “ahorrarse” $160.000 millones en jubilaciones, o la modificación de los convenios por empresa o sector (casos Toyota y petroleros). 

El hachazo a los ingresos caería sobre una clase obrera con bolsillos en retroceso: como lo señaló el economista Álvarez Agis, el precio de la fuerza de trabajo ha disminuido a la mitad respecto a los valores de referencia de 2011, 2015 y 2017. El empresariado justifica el desempleo por el “costo laboral”, pero produce y gana dinero pagando salarios deprimidos, fenómeno que ha sido la base de varias “recuperaciones económicas” aparentemente milagrosas, entre otras la posterior al 2001. Esa combinación de desempleo y bajos salarios explica cómo un país con “solo” un 10% de desocupación tiene un 40% de pobreza y 10% de indigencia.

Por otro lado, en un contexto de emergencia social, el gobierno se ha comprometido a un sendero de reducción del déficit fiscal, para lo cual deberá congelar o reducir el gasto público afectando rubros sensibles cuyos beneficiarios son los sectores populares: los planes sociales y de vivienda, la educación y la salud públicas, y por supuesto los salarios del empleo público. Para colmo, los memorándums hablan de focalizar la política social y establecer un monitoreo conjunto con los organismos internacionales, lo que supone un retroceso en el alcance de los planes sociales, ya bastante magros. Hasta ahora, el paradigma de la “universalidad” y el discurso de la “inclusión” como ejes de la política social fueron el marco conceptual con el cual el Estado otorgaba subsidios mínimos para impedir que la pobreza se convierta en indigencia, y a veces ni siquiera. A partir del acuerdo con el FMI tendremos menos de lo mismo.

Asimismo, el gobierno y el FMI apuntaron a la reducción de los subsidios a la energía y otros rubros, que siempre sirvieron al doble propósito de reducir el déficit y garantizar la ganancia de las empresas. No obstante, el recorte no se hará sobre los proveedores de los servicios sino a costa de los trabajadores, mediante suba de tarifas a los hogares y a grandes usuarios industriales, que trasladarán los costos hacia los productos finales. 

Por otra parte, ampliando la mirada, el acuerdo con el FMI implica profundizar la organización de la economía en función del pago de la deuda, donde lo importante es producir para exportar y obtener divisas para cubrir los vencimientos, afianzando la tendencia a consolidar una economía de extracción y venta de recursos naturales con mayor o menor valor agregado (soja, petróleo, minería), donde el comercio exterior está bajo control de un puñado de oligopolios y el sistema bancario mayormente en manos privadas y extranjeras. Las consecuencias sociales y ambientales son nefastas y han sido largamente denunciadas. Esa orientación económica explican la alianza de Alberto Fernández con el Consejo Agroindustrial Argentino y la promoción de una Ley Agroindustrial con enormes beneficios para el sector (redactada por las propias cámaras empresariales, aún pendiente de aprobación parlamentaria); la búsqueda de inversiones extranjeras en el sector agropecuario (granjas porcinas) y petrolero (exploración en aguas profundas); los intentos por derogar o cajonear leyes de protección ambiental que bloquean ciertas actividades (como la megaminería en Chubut y Mendoza, o la ley de humedales); y algunos lineamientos económicos específicos (reprivatización de la “hidrovía” del Paraná). Para pagar la deuda están destruyendo el país.

Por otro lado, la deuda no es solamente un mecanismo de extracción de valor de las economías dependientes, sino también es un instrumento de sometimiento político, pues condiciona la orientación y el proyecto de una nación a los designios de un grupo de capitales financieros y al FMI, una institución manejada por los EEUU. En ese sentido, es entendible la notoria adaptación de la política exterior argentina a los intereses geopolíticos de los EEUU, como lo mostraron con el primer viaje internacional a Israel o los posicionamientos contra el gobierno de Maduro, y más recientemente el vuelco en la posición hacia Rusia, a la cual se condena por la guerra en Ucrania desde la posición hipócrita de los yanquis y la OTAN. Tras el acuerdo con el FMI, es esperable que profundicen ese rumbo, contrario a la independencia de los pueblos y a toda noción de soberanía.

En definitiva, los sectores populares no podemos esperar nada del acuerdo, salvo ajuste y dependencia. Con su firma, el Congreso legaliza una estafa, pues se trata de un préstamo ilícito, odioso e ilegítimo, que dio origen a una deuda igualmente ilegal e ilegítima. Debemos desconocer y anular la deuda con el FMI, pero también aquella contraída con los bancos comerciales y fondos de inversión, que han especulado sin asco con la bicicleta financiera de Macri y el financiamiento de la pandemia con Alberto, que fugaron los dólares y nos dejaron las deudas, que llamaron al FMI cuando se terminaron las reservas, para seguir especulando unos años más. 

Por supuesto, declarar el no-pago soberano de la deuda externa no es una medida que pueda tomarse en forma aislada, sino en el marco de un programa que ponga bajo control del Estado los principales resortes y recursos económicos, el comercio exterior y el sistema bancario, priorizando el inmediato bienestar social y popular. Asimismo, y en la medida en que toda la gran burguesía argentina se alinea con el FMI, la disputa por el programa económico de la Argentina se convierte inmediatamente en una disputa por el poder político, que la clase obrera debe librar en las calles. 

En ese camino, en lo inmediato hay que apostar por ampliar el arco de repudio al acuerdo con el FMI, tarea en la cual la  Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda viene jugando un rol fundamental.

David Paz