El gobierno manipula las cifras de inflación - INDEC: dibujos para sostener el relato oficial

El gobierno intervino de hecho el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), impidiendo al organismo público la publicación de la inflación calculada con una canasta actualizada de bienes y servicios, por estimar que arrojaría una cifra superior a la esperada. El golpe de mando fue ejecutado por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo y determinó la inmediata renuncia del director del organismo, Marco Lavagna.

Una semana antes de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero por parte del INDEC, Javier Milei y Toto Caputo notaron que la inflación estaría por encima del 3% debido a la actualización de la canasta de bienes y servicios utilizada en el cálculo. Hace tiempo que el organismo ensayaba una medición con la canasta del año 2018, más adecuada a los patrones actuales de consumo (más servicios, menos bienes), en reemplazo de la anterior, que data del 2004. 

El dúo mandó frenar la publicación de esa cifra contraria al relato oficial sobre la desinflación, lo que provocó la renuncia del titular del organismo, Marco Lavagna, y el consiguiente bochorno público. Tras ello, y con nuevo director, el INDEC publicó el dato de inflación de enero basado en la vieja canasta (2,9%), en sintonía con la ansiada meta oficialista “por debajo del 3%”, para sostener el relato hasta que la inflación baje realmente, evento que no tiene fecha cierta. 

Posteriormente, los cálculos de varias consultoras estimaron la inflación con la nueva canasta en torno al 2,8%, aunque nunca sabremos la verdad porque el gobierno decidió esconderla. Cualquiera sea el caso, hay un factor concreto que explica el timing de la intervención. En 2026 el gobierno planea una quita de subsidios, que no hicieron en 2025 por las elecciones, lo que supone un incremento particularmente fuerte de los servicios públicos (luz, gas, transporte, etc.). Ante eso, le conviene mantener la medición con la canasta vieja que subestima el peso de los servicios en el consumo de las familias, justamente para moderar el incremento del índice inflacionario. 

Además, a lo anterior se suman factores subjetivos. Unos días antes de la intervención, Caputo había predicho una inflación de 2,5% en enero y, a fines de 2025, el propio Milei indicó que en agosto próximo encontraríamos al país con una inflación “que empiece con cero”. Con esas afirmaciones, en el índice de inflación se pone en juego no solamente el éxito del plan económico, sino también la credibilidad política de las dos figuras que lo representan. 

Más allá de que no existen motivos nobles para alterar estadísticas oficiales, la maniobra del gobierno cobra sentido mirando el crecimiento ininterrumpido de la inflación desde mayo del año pasado, tras la salida del cepo cambiario. Esto ocurre incluso a pesar del desempeño de los demás indicadores económicos, cuya evolución debería dar como resultado una disminución de los precios al consumidor, al menos, según la teoría económica del presidente. 

Al respecto, en la era Milei el empleo retrocedió debido a los 320.000 puestos de trabajo destruidos, de los cuales unos 195.000 corresponden al sector privado, otros 95.000 al sector público, y los restantes 30.000 al empleo en casas particulares, según los datos de la propia Secretaría de Empleo. 

La pérdida de empleos se complementa con un retroceso de los salarios, combinación que achica la masa de riqueza que permanece en manos de los trabajadores. En el sector privado cayeron un 6% en dos años, mientras que el sector público la caída llegó al 21% en el mismo período, fundamentalmente por el golpe asestado durante el primer año de gestión. Evidentemente la caída del empleo no está relacionada con el “costo laboral”, como dicen empresarios y libertarios, puesto que los salarios están por el piso. 

Similar comportamiento mostraron con otras fuentes de ingresos. Las jubilaciones retrocedieron un 16% en promedio, con bono incluido, afectando uno de los sectores más vulnerables de la población: la mínima queda en $429.000 y la PUAM en $357.000, siempre que el gobierno mantenga el bono discrecional de $70.000, cuyo monto está congelado desde 2023. 

El deterioro de los ingresos impacta naturalmente en el consumo privado, que tuvo una desaceleración en la segunda parte de 2025 hasta quedar estancado en valores similares a 2022/23. La caída moderada se debe al aumento del crédito disponible para los hogares (préstamos, cuotas, etc.), es decir, la continuidad de ciertos niveles de consumo no están ligados a la buena salud de los bolsillos sino a la posibilidad de financiar las compras. Por eso asistimos a un récord en el endeudamiento familiar: el hogar promedio tiene deudas por el 140% de su ingreso mensual. Además, conforme las deudas suben pero los ingresos se estancan, lógicamente crece la morosidad: en promedio, un 10% de los hogares no es capaz de pagar sus deudas, el triple que hace dos años. En los préstamos de billeteras y aplicaciones, dirigidos a los segmentos más pobres de la población, la morosidad asciende al 27%.

Tanto el retroceso del empleo como el estancamiento del consumo están relacionados con un elemento central: la caída de la actividad económica, especialmente aquella vinculada al mercado interno. En el ciclo Milei, asistimos a un -16% en construcción, -9% en industria y -6% en comercio, mientras que solamente crecieron las actividades que generan poco empleo (finanzas, agro, minería y energía), vinculadas al modelo extractivista y de valorización financiera. 

Los indicadores económicos pueden adjudicarse a las consecuencias del modelo, pero ciertamente no son decisiones directas del gobierno. Sin embargo, hay elementos de la economía que sí son adjudicables a las decisiones oficiales. Como señalamos en el pasado, prácticamente todo el ordenamiento macroeconómico apuntaba a terminar con la inflación: la política de dólar barato (o “ancla cambiaria”) y la apertura importadora para adaptar los precios locales a los internacionales; la restricción monetaria (no imprimir pesos) y las bajas tasas de interés, que reducen la emisión vía intereses de títulos de deuda; el superávit fiscal, logrado a costa del ajuste en obra pública, programas sociales, salarios públicos y jubilaciones, que permite disminuir la deuda pública y, justo a las caída de la tasa, bajar los intereses volcados a la masa monetaria. 

Habiendo debatido y criticado en ediciones anteriores el costo social y económico de semejante plan, nos concentramos en su efectividad: esa bomba recesiva debería aniquilar la inflación, pero tras un éxito inicial ahora asistimos al proceso inverso, una aceleración en el incremento de los precios. El equipo económico cancherea, pero está desconcertado.

Por otro lado, el cuadro trazado pone en juego un tercer elemento, además del resultado económico y la credibilidad política. En la evolución de la inflación anida un aspecto clave de la coyuntura: la paciencia social con el modelo. En otras palabras, el ajuste de Milei es relativamente tolerado por una porción significativa de la población porque en términos generales estuvo acompañado por una disminución de la inflación, el principal flagelo del bolsillo popular en los últimos 10 años. Ahora bien, si esa contrapartida deja de existir, si se pierde el principal incentivo para tolerar el ajuste, la situación social puede virar rápidamente hacia un descontento generalizado con el modelo. Sería el punto final del experimento libertario. 

No obstante, sentarse a esperar es una posición criminal, porque pagamos con nuestro esfuerzo y sufrimiento las consecuencias perjudiciales del modelo. Para el gobierno y los empresarios no hay límites; es tarea de la lucha obrera y popular frenar el camino del ajuste. 

David Paz