El ajuste en las Universidades Nacionales

Si en 2018 los recortes en materia presupuestaria se desarrollaron a través de la subejecución de fondos, algo que no hay que descartar para este año, ahora el gobierno prueba con otra forma. En enero realizó el pedido a la Sindicatura General de la Nación para que designe auditores en las universidades nacionales. El resultado fue el rechazo unánime de los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional junto con la presentación de recursos de amparo en la justicia por algunas universidades. Más allá de la discusión sobre la legalidad de la decisión y si es violatoria o no de la autonomía universitaria, lo central de la cuestión pasa por otro lado. Con las auditorías el gobierno pretende ver cómo se distribuyen las partidas presupuestarias y dónde se puede ajustar un poco más. Esto no deja de chocar con los intereses de los rectores y los “kioscos” privados que existen en cada una de las unidades académicas.
Estas disputas por arriba, son necesarias tenerlas presentes en la medida en que pueden servir de explicación de algunos posicionamientos, apoyos a reclamos salariales o convocatorias a movilizaciones que realicen ciertos rectores (incluso de la órbita de Cambiemos). Precisamente el año pasado, en algunas universidades, fueron los propios rectores a través de comunicados y posicionamientos de Consejos Superiores, los que salieron a impulsar la movilización estudiantil en reclamo del envío de las partidas presupuestarias. Claro que en aquellos casos en donde la movilización los desbordó y señaló como cómplices del ajuste, rápidamente intentaron desarticularla.
Para el estudiantado, el 2019 ya empezó con algunos anuncios de recortes. El 1º de febrero se publicó la resolución reglamentaria para las inscripciones a las Becas Progresar y se dio conocer que, a pesar del 47% de inflación del año pasado, los montos de las mismas serán congelados. Este recorte brutal se suma al ya realizado hace algunos meses, cuando se definió unificar todas las becas existentes e incrementar los requisitos para su otorgamiento. Se vuelve más compleja la situación de miles de estudiantes a los que cada vez más les cuesta ingresar y permanecer en el sistema universitario.
En este sentido, el sostenimiento de la defensa de educación pública y gratuita constituye una tarea de primer orden. El 82% de deserción con el que cuentan las universidades nacionales se acrecienta en la medida de que no existan ofertas de horarios de cursada, incremento de raciones en los comedores, boleto universal gratuito, becas de apuntes para todas las materias y guarderías materno-paternales.
Por otro lado, la pelea por el desprocesamiento judicial y la anulación de sanciones académicas a estudiantes y docentes que participaron de los procesos de tomas, es también fundamental. El procesamiento de 27 estudiantes y una docente en Córdoba, junto con las imputaciones e intentos de expulsión y exoneración a 15 estudiantes y 2 docentes en Río Negro, pretenden ser aleccionadoras hacia el conjunto de luchas que se desarrollan. Tanto adentro como fuera de las universidades, es una necesidad sostener el derecho a la protesta como una de las libertades democráticas que tiene el pueblo.
Reivindicar la rebelión educativa del 2018, señalando sus límites e intentado superarlos a partir del apoyo activo a los paros que se realicen, incentivando clases públicas, movilizaciones y tomas es la tarea principal del movimiento estudiantil. En un año donde no tiene que haber ninguna concesión al gobierno, ni las luchas deben estar marcadas por las especulaciones electorales, las peleas del movimiento estudiantil y de la docencia deben estar aunadas a las del resto de los sectores populares, en miras de derrotar el modelo de ajuste de Macri y el FMI.

Martina Bas