Discapacidad en crisis y en lucha

Desde el inicio del gobierno de Milei se implementó un plan de ajuste drástico que impactó a diversos sectores, entre ellos el área de discapacidad, la cual atraviesa una profunda crisis. Esta situación se manifiesta en retrasos en el pago de prestaciones, recortes presupuestarios y la negativa por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Diego Spagnulo y del ministro de salud Mario Lugones, de convocar a la mesa del Directorio del Sistema Único de Prestaciones para actualizar los aranceles de las mismas. Esta crisis afecta gravemente a las personas con discapacidad, a sus familias y a las y los trabajadores del sector. Están en riesgo las pensiones no contributivas (PNC), el empleo en los talleres protegidos y los servicios esenciales para las personas con discapacidad está al punto del colapso. Ante todo esto, crece la organización de todos los afectados para dar pelea. 

Si bien el sistema de prestaciones en el área de discapacidad arrastra una crisis de años, la LLA la profundizó comenzando con el vaciamiento de la ANDIS y el despedido de 165 trabajadores en febrero de 2024. Seguido a esto, como no hubo presupuesto 2024, el gobierno dispuso el mismo presupuesto que en 2023 (siendo el más bajo en la historia de la ANDIS), asumiendo una inflación del 60% cuando fue de más de 210%. Después de más de un año de gobierno se profundizaron las históricas condiciones de precarización en las que miles de profesionales desempeñan sus tareas. El valor de las prestaciones se desplomó, licuando por completo los ingresos. A modo de ejemplo, el último aumento registrado fue de apenas un 0,5% en diciembre de 2024, una cifra claramente insuficiente frente al deterioro generalizado del poder adquisitivo.

Prácticamente todas las obras sociales y prepagas pagan con un retraso de 3 meses o más, cada vez es más difícil obtener una autorización para el inicio de un tratamiento, y muchas veces los otorgan con menos sesiones semanales de las indicadas. Muchos centros de inclusión o terapéuticos están al borde del cierre o recortando horas de prestación con la posibilidad de que sus profesionales se queden sin trabajo o pierdan aún más ingresos. Con el aumento del precio del combustible, se atrasaron los aranceles a los transportistas de personas con discapacidad. 

En los últimos meses también, el gobierno convocó a miles personas para revisar si poseen todos los elementos para convalidar su Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. Les envió una carta que les exige renovar estudios para evaluar si podrán o no mantener el beneficio, incluso cuando se las habían otorgado por varios años hace tan solo algunos meses. El procedimiento, además de vulnerar los derechos de las personas con discapacidad, está plagado de impericias y con el vaciamiento de la salud pública y la falta de turnos en las obras sociales, muchas veces las personas tienen que pagar de su propio bolsillo los estudios, usando parte de una pensión absolutamente devaluada, ante la fecha de la convocatoria asignada. Esto genera incertidumbre, porque no solamente se pierde el dinero de la pensión, sino que eso implica también dejar de recibir la atención del programa federal de salud que se llama Incluir Salud. Para fines de este año, el gobierno tiene la meta de recortar alrededor de 400 mil pensiones por invalidez laboral, un tercio del total de los beneficiarios actuales, casi el doble de la que había planificado en un primer momento. El recorte de unos 900 mil millones de pesos, va en línea con su meta de “ahorro” fiscal, es decir de ajustar para abajo y apagarle al Fondo. Esta situación emparenta la lucha con las movilizaciones que vienen llevando adelante las y los jubilados, por eso es que se vienen desarrollando entrecruces solidarios, por ejemplo, en la CABA. 

El empleo en los Talleres Protegidos, gestionados a través de ONG`S donde trabajan miles de personas con discapacidad, también está en riesgo. El Estado apenas les paga 28.000 pesos mensuales desde el año 2023 y encima no abona los salarios desde hace cuatro meses.  

La crisis del sector es a nivel nacional. Así las cosas, se comenzaron a llevar adelante asambleas para visibilizar el problema y dar pelea, en unidad entre las personas con discapacidad, las familias y los trabajadores, en cada provincia con distintas características.  El 14/4 hubo un paro de los trabajadores de discapacidad y una movilización a Plaza de Mayo, reclamando un aumento de presupuesto para el área que se replicó en algunas ciudades. El día 30/4 hubo una nueva concentración, en Congreso esta vez, previo a la reunión conjunta de comisiones que emitió un Dictamen de Mayoría para la declaración de Emergencia en Discapacidad. Se está a la espera de que otorguen fecha de tratamiento en el Congreso, pero la ANDIS ya sacó un comunicado en contra de la ley y del aumento para el sector, que fue ampliamente repudiado por las asambleas en lucha que se disponen a una nueva movilización a la ANDIS para el día 13/5. Es posible que la Ley de Emergencia que nuclea al sector a dar pelea no tenga viabilidad, lo que lleva a poner la atención en como seguir la lucha, atentos a los conflictos que puedan profundizarse, dado que la crisis en discapacidad es alarmante estando en juego las prestaciones y los derechos de las personas con discapacidad y miles de puestos de trabajo. 

El sector está en pie de lucha y necesita toda la solidaridad posible, a la vez que empujar a la unificación de las peleas en curso y seguir apuntando al paro nacional con la perspectiva de que Milei se tienen que ir.  La situación actual pone de manifiesto que el gobierno está postrado ante el FMI y sosteniendo un dólar barato para ganar las elecciones, llevándose puesto a quien haga falta. El pueblo, entonces, tiene que llevarse puesto a este gobierno de cínicos, dinosaurios, fachos y discriminadores.

Octavio Ruiz