Contra la impunidad y la “justicia de clase”: vamos por un juicio oral y público

Nuevamente la justicia deja al descubierto su carácter de clase. Defendiendo los intereses de los grandes monopolios y multinacionales busca garantizar la impunidad de sus crímenes, a pesar de la bronca y la indignación popular que se expresan en la calle.

A dos años y dos meses del crimen social de calle Salta 2141 en Rosario nos encontramos en la antesala del juicio que determinará las responsabilidades de los 11 procesados. Frente a esto, cobran relieve algunas aristas del proceso:
1.- Tras el cierre definitivo de la investigación previa al juicio, ninguno de los responsables políticos del crimen, que ocupan los altos cargos de Litoral Gas S.A., fue procesado ni será juzgado por la masacre del 6/8/13. El hilo se corta por lo más fino y así el principal acusado es el trabajador gasista que operó en el último instante antes de la explosión. La ley ampara a la gerencia de Litoral Gas, que resulta intocable. Los familiares de las 22 víctimas repudian estas circunstancias y exigen cárcel para quienes tomaron todas las decisiones (controles pertinentes, instalaciones, inversión en seguridad, etc.) desde la concesión del servicio del gas a Litoral Gas en el año 1992.
2.- A raíz del pedido expreso de Litoral Gas, es posible que se le levante el embargo económico aplicado, sustituyéndolo por una simple caución, con lo cual se reafirmaría la impunidad de su accionar, ya que se suspendería la única medida en curso que señala la responsabilidad empresarial en los hechos.
3.- El pasado 25/9 se sorteó el cuerpo de jueces que hoy conforman el tribunal de Justicia que tiene en su poder la causa de Salta 2141. En orden de prioridad: Ismael Manfrín, Marisol Uzandizaga e Isabel Mas Varela.
En el último aniversario del hecho los familiares y otros rosarinos autoconvocados nos presentamos en Tribunales Provinciales reclamando que el juicio sea oral y público, apoyándonos en el régimen de transición que establece que todos los casos que hayan causado “conmoción social” deben ser tratados con la nueva normativa vigente: desarrollarse como juicios orales y públicos, en lugar de escritos y a espaldas de los afectados (directos e indirectos).
Habiendo transcurrido un mes y medio desde la recepción del expediente, el juez Manfrín (quien tiene facultades unipersonales para definir si el juicio será oral o escrito) aún no ha tomado ninguna decisión al respecto. Por esta razón la causa está parada y los tiempos siguen dilatándose. Y por si fuera poco, el juez aceptó concretar audiencias con los procesados, pero no con los familiares querellantes, por lo cual éstos lo acusan de parcialidad.
En declaraciones recientes, la fiscal de la causa Graciela Argüelles, quien también reclama el juicio oral, ha expresado que “…todas las medidas adoptadas por el Juez favorecen a la defensa, a los imputados”.
Exigimos: Inicio ya del proceso judicial, ¡basta de dilatar los tiempos!; juicio oral y público para la causa de Salta 2141; cárcel a todos los responsables, basta de proteger el interés empresarial, basta de impunidad. ¡Fuera Litoral Gas!

Corresponsal