Chaco - El experimento radical – libertario, en crisis

Leandro Zdero asumió el gobierno chaqueño con un discurso de transparencia y orden en la administración de los recursos. Tras casi dos años en el poder acumula más dificultades que fortalezas desde el punto de vista presupuestario. El ahogo financiero es tal que no pudieron sostener el pago de la cláusula gatillo a la docencia, que fuera promesa en campaña y debía efectivizarse en agosto, desatándose así múltiples cuestionamientos sobre la gestión de recursos.

Según el ex gobernador Capitanich la provincia tiene un déficit fiscal actual de $368.000 millones que a fin de año llegaría a $600.000 millones, como producto de acceder a endeudamiento por medio de emitir letras del tesoro y anticipos de coparticipación. Un escenario de difícil resolución, dadas las consecuencias del plan motosierra para las transferencias del gobierno nacional a las provincias.

Según consultoras son las letras de tesorería las que tienen un peso sustancial en las erogaciones que enfrenta el gobierno mes a mes. Se trata de financiamiento a muy corto plazo, del que viene de cancelar $90 mil millones por servicios del primer trimestre del año de un total de $144.185 millones girados en concepto de deuda pública en ese periodo, es decir que ese ítem representó el 92%.

En el otro caso, endeudarse por anticipos coparticipables en su momento sirvió para hacer frente al pago de salarios de los 76 mil empleados públicos. En el primer trimestre del año el pago salarial excedió en un 135% a los adelantos por coparticipación. Mientras las transferencias automáticas fueron de $622.952 millones, de las que se tuvo disponible el 52%, dadas las retenciones ejecutadas por Nación para cobrarse los anticipos y otros descuentos, el pago de salario en ese lapso fue de $435.343 millones según Contaduría General de la Provincia. 

A Zdero, que pactó una alianza electoral con Milei y que de esa manera consiguió un anticipo financiero extra de $120.000 millones en marzo, no le estaría dando resultado la apuesta al programa libertario. Hasta el momento comprometió al gobierno nacional en la adjudicación del tramo final del segundo acueducto del interior, obra pública no terminada en tiempos justicialistas. 

Si al conjunto de las provincias las transferencias automáticas representan el 49,8% de los ingresos totales, para el Chaco representan el 72,4%. El año pasado el gobierno ya vislumbraba las dificultades de no tener fuentes de financiamiento no solo para obras sino para gastos corrientes; fue así que intentó que la Legislatura aprobara el acceso a un crédito por USD 150 millones. Si la provincia accedía a un crédito en moneda extranjera se sometía al pago de tasas de interés altísimas para devolverlo. En 2016 el gobernador Peppo optó por tomar un crédito por USD 250 millones de dólares de los que hoy se saldan pesados vencimientos.

El ministro de hacienda Alejandro Abraham reconoció que la posibilidad de una mejora en la situación fiscal está condicionada al crecimiento de la coparticipación y al repunte de la actividad económica. Es que los principales componentes de los giros a las provincias como ser impuesto a las ganancias e IVA sufrieron sendas caídas, consecuencia del programa económico implementado por Milei.

Recursos propios


El gobierno reconoce que la recaudación provincial representa un 15% de los ingresos, un valor exiguo si uno analiza la actividad económica que se despliega en la provincia. Para colmo de males Zdero resigna recursos con bajas y eximición de impuestos sobre ingresos brutos, impuesto inmobiliario rural y contribución patronal. En esa línea también eliminó cánones impositivos de exportación con supresión de impuesto a los sellos resignando ingresos frente acopiadores y productores primarios con capacidad de aportar.

El gobierno debería modificar el sistema tributario o fuentes de recaudación propias para que su mayor peso recaiga en sectores que se enriquecen en base a la explotación de grandes volúmenes de recursos naturales. La agricultura a gran escala o la ganadería intensiva, las tanineras, empresas carboneras y forestales, holdings y multinacionales que realizan jugosos negociados con grandes extensiones de tierra. Sin embrago estos últimos se manejan con total impunidad, muchas veces operando en la ilegalidad y asumiendo acciones depredadoras sin ningún control.

¿Se ordena por abajo?


La política salarial definida para empleados públicos comienza seriamente a cuestionarse. Que no se aplique la cláusula gatillo le significará a los docentes quedar un 6% debajo de lo que midió el IPC los últimos tres meses. Asumido Zdero la docencia provincial perdió el incentivo y un bono por conectividad conquistado en tiempos de pandemia. El sueldo inicial de un docente ronda $760 mil y la cláusula gatillo iba a sumar entre 45 y 65 mil pesos.

El gobierno hasta acá no abrió negociación paritaria, medida extendida al resto de los trabajadores estatales. Hombres y mujeres que emplea la provincia para sostener escuelas y hospitales, como así otras dependencias, todos ellos blanco de incrementos desproporcionados en tarifas de luz y transporte público. Hoy los estatales reclaman una actualización del bono de refrigerio congelado en $32.500.

Lo cierto es que todavía no sobrevino un escenario de confrontación abierta. Los resultados de las elecciones del ‘23 daban cuenta de un clima social de demandas irresueltas que aprovechadas por la derecha encarnada en la UCR, pudo imponer una condena de clase sobre sectores con niveles altos de informalidad. Al gobierno cree bastarle con no permitir la protesta piquetera, con el estigma sobre organizaciones y el escrache público de algunos actores de ese universo para legitimarse. Para ello usa al poder judicial y se destinan miles de millones de pesos en publicidad difamatoria.

Así cimentó la victoria electoral de mayo, que no le alcanzó para obtener quórum propio, a la vez que fue una de las elecciones con marcado ausentismo. El gobierno por momento parece tener la vaca atada mientras la provincia se encamina a una situación límite.

La inflación relativamente contenida y el mantenimiento de planes sociales surte algún efecto en una provincia con una mayoría importante de trabajadores informales. Por otro lado, la caída del empleo, los aumentos tarifarios, sueldos planchados y caída del consumo configuran una situación frágil.

El ISEPCI- Instituto de investigación social, económica y política ciudadana- midió una canasta básica total de $1.101.019 durante el mes de junio. El relevamiento que se realiza en comercios minoristas en las dos localidades más pobladas -Resistencia y Sáenz Peña- notó aumentos considerables en carnes, pollos y pescados. La inestabilidad del dólar impactó en harinas y aceites, con subas de entre 6 y 8%. Cuanto más nos adentremos en la provincia más son las dificultades: en el Impenetrable una garrafa de gas de 10 kg la venden a $30 mil.

Para Zdero el costo salarial en el estado es una preocupación en tanto y en cuanto limita su iniciativa política. Por eso habla de "pausa" en relación a la recomposición de los salarios docente que representan una importante mayoría- 45 mil- entre los empleados públicos, que fue parte de su electorado.

Los despidos de trabajadores contratados en diversas áreas y ministerios, la anulación del procedimiento abierto de regularización laboral de agentes del estado, tiene que ver con achicar el costo salarial a merced de no reconocer derechos, pero también hacer un uso clientelar de los puestos vacantes.

La suspensión de la cláusula gatillo unificó al conjunto de las asociaciones gremiales de los docentes. Las convocatorias a parar y movilizar tuvieron buen marco de acatamiento. Cómo seguirá la pelea por no perder más salario y evitar un empeoramiento mayor de las condiciones de vida, clave para los reclamos de otros sectores, dependerá de los sindicatos en tanto y en cuanto sean herramientas de lucha. No por nada el propio gobernador sale a desprestigiar a las direcciones gremiales, sabe que esos ataques pueden conectar con planteos críticos que existen al interior de las bases docentes pero que no necesariamente concluyen en la impugnación.

El gobierno se puso como eje prohibir los cortes piqueteros y/o limitar toda protesta que tenga como epicentro la calle. Aplicable no solo en la ciudad, el corte de ruta era el medio para exigir respuestas estatales a comunidades enteras en El Impenetrable.

Fortaleciendo la movilización de los trabajadores, su participación, las asambleas, no solo para dar cuenta de diferentes situaciones sino también para decidir medidas de luchas inmediatas; posibilitará robustecer paros provinciales y jornadas de movilización que deben volver a ocupar las calles porque quien gana la calle impone el reclamo, la demanda urgente para que interfiera en el plan motosierra y en el acuerdo de Zdero con el programa asesino libertario.

Sergio Fontana