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El desmantelamiento de la industria nacional tiene en la Petroquímica Río Tercero (PR3) un capítulo muy gráfico. La empresa, que hace un año empleaba a unos cuatrocientos trabajadores, ha reducido su planta a poco más de cien en los últimos nueve meses, y transita actualmente un concurso preventivo de acreedores con final incierto.
La empresa, fundada como sociedad mixta en 1974, estaba integrada en sus orígenes por YPF, Fabricaciones Militares y Atanor. Siendo la única productora en América Latina de TDI (diisocianato de tolueno, insumo clave para la industria colchonera, automotriz, de la construcción, etc.), fue privatizada en 1996 y quedó en manos del grupo Piero. Este grupo recientemente diversificó su organización, separando sus empresas químicas por un lado y las colchoneras por otro. En el marco de esa reestructuración empresarial decidió dejar de producir TDI para pasar a importarlo, con lo cual en octubre de 2024 cerró la planta de Río Tercero, que representaba el 70% de su facturación. Esto implicó el despido de unos 125 trabajadores. A partir de ese momento la producción de PR3 se concentró exclusivamente en cloro y policloruro de aluminio, insumos utilizados en los procesos de potabilización del agua.
Menos de un año después, la empresa alega la imposibilidad de afrontar el pago de sus deudas, estimadas en 30 millones de dólares, y presenta ante la justicia el pedido de declaración del concurso preventivo de acreedores, al tiempo que cursa otros 120 telegramas de despido.
Frente a esta situación el Sindicato del Personal de la Industria Química y Petroquímica (SPIQyP) declaró el paro en las plantas del Polo Petroquímico de Río Tercero, que incluye a Atanor. La Secretaría de Trabajo decretó la conciliación obligatoria y se sucedieron las manifestaciones de apoyo a los trabajadores. La empresa demoró el pago de los haberes de julio y dispensó a los empleados de ir a trabajar hasta que “estén dadas las condiciones para retomar la producción”, mientras los trabajadores ocupan las instalaciones, manteniendo sus turnos de trabajo. Al día de la fecha los sueldos de los “dispensados” fueron abonados al 100% y los de quienes fueron despedidos al 50%.
El Polo Petroquímico de Río Tercero emplea a unos 900 trabajadores y es el motor económico de una ciudad de 50.000 habitantes. Fabricaciones Militares de Río Tercero era el proveedor de ácido nítrico para la producción de TDI en PR3. La decisión empresarial de cerrar esa planta tuvo su efecto directo en FM, que destinaba el 90% de su producción a abastecer una fábrica que no existe más. La reducción de las capacidades productivas, el vaciamiento o el posible cierre de PR3 atenta en primer lugar contra los trabajadores y sus familias, pero también contra el conjunto del pueblo riotercerense que ve apagarse su motor de desarrollo local y regional. Es urgente la unidad en apoyo a la lucha de los trabajadores de PR3, fortalecer el reclamo por la reincorporación de todos los despedidos y decirle no al cierre o vaciamiento de la empresa. Pero al mismo tiempo se hace necesario confluir unitariamente en un plano superior de la lucha.
El caso de PR3 es una muestra clara del futuro que tienen para ofrecer los Milei y los Llaryora, en base a un modelo reprimarizador, extractivista, que privilegia la timba financiera sacrificando la industria nacional. El cambio de rumbo que necesita nuestro país nace en las luchas como la de los petroquímicos de Río Tercero pero necesita orientarse hacia un cambio radical en la política económica, que combata la dependencia financiera y ponga la prioridad en la reactivación de la producción industrial en base a un plan estratégico, que tenga como ejes el trabajo de calidad para todos, el desarrollo soberano y el bienestar popular.
Este es el punto de vista que hay que discutir, con la disposición militante para ir a apoyar a los trabajadores que están dando esta pelea.
Leo Funes
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