Bolivia - De la rebelión a la conquista de un poder revolucionario

Rutas cortadas, militares en cada esquina y plata que no alcanza ni para el pan. Así se ve Bolivia hoy. La pelea de fondo es entre el gobierno de Rodrigo Paz Pereira y el bloque que reúne a los seguidores de Evo Morales con la Central Obrera Boliviana (COB). Pero atrás, muy atrás, se mueven las fichas gordas: Estados Unidos, los organismos de crédito y hasta Israel.

Los números son elocuentes. Las reservas internacionales netas ya cayeron a USD 1.700 millones, el nivel más bajo desde 2005, mientras el país está paralizado, con casi un mes sin poder mover mercaderías y más de 5.000 camiones tirados a la vera de las rutas, resultado de 62 puntos de bloqueo nacionales, montados por las bases de la Federación Tupac Katari y la COB. Dichos cortes ya han provocado pérdidas por USD 1.200 millones que, según la Cámara Nacional de Industrias, equivalen a dos años del presupuesto de salud. Mientras tanto, en La Paz y El Alto no queda comida en las tiendas ni combustible en las estaciones de servicio.
Consecuentemente la represión, que organizaciones de derechos humanos califican de indiscriminada, ha dejado un saldo provisorio de 130 heridos, 210 detenidos y 7 muertos (4 por perdigones y 3 por asfixia en medio de los bloqueos). El discurso oficial es claro: “Esto es orden constitucional contra el golpismo evista”. Por eso, mientras fácticamente sacan militares a reprimir a las calles a partir del Decreto Supremo 5237, discursivamente hablan de “corredores humanitarios”.
Y es que las políticas de motosierra y licuadora, al estilo Milei, vienen por todo. Detrás de la cara visible del presidente Paz y su partido Creemos, que gobierna en alianza con Comunidad Ciudadana (del empresario Samuel Doria Medina) y algunos restos del viejo MNR, se enfilan los sectores empresarios agroindustriales y las capas medias de Santa Cruz, Beni y Tarija.
Fuera del país los aplausos llegan de varios lados. EEUU, que dio todo el apoyo a la represión, envió al subsecretario de Estado Christopher Landau a respaldar la criminalización de la protesta; por eso dijo sin vueltas que los bloqueos eran “un intento de golpe encubierto”. Israel reanudó relaciones diplomáticas rotas desde 2023 y ahora ofrece asesoramiento en “técnicas antimotines”, aunque no es solo eso: ya se habla de equipos especiales. Consecuentemente, el FMI junto al Banco Mundial están por prestarle al gobierno USD 2.500 millones.
Del otro lado están los que cortan rutas. La cabeza, aunque muchos no quieran reconocerlo, es Evo Morales, quien desde su exilio vigilado en el trópico cochabambino maneja el MAS-IPSP, aunque no controla todo el bloqueo. Al frente de los reclamos están Mario Argollo, el dirigente de la COB al que el gobierno acusa de terrorismo y tiene orden de captura; Ponciano Santos, de la Federación Tupac Katari; y los mineros cooperativizados junto a los maestros rurales.
La gente que los apoya proviene de los barrios populares de El Alto, la Villa 1° de Mayo, las zonas mineras de Potosí y Oruro, los cocaleros y los vendedores informales. Lo que piden es claro: que Paz renuncie, elecciones nuevas en noventa días, que se anule la Ley 1720 (esa que permite “monetizar” tierras comunitarias) y un aumento de sueldo del 20%.
Aunque todavía no se vislumbra una salida, las protestas están provocando efectos entre las clases dominantes. Dentro y fuera del gobierno se observa un quiebre: una pata dialoguista encabezada por Doria Medina y los empresarios cruceños apoya a Paz pero le pone como condición que no toque el litio; otra más dura, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, afirma que “Paz es un blando” y pide mano militar sin límites. En lo único que se ponen de acuerdo es en que con Evo no se negocia.
Por su parte EEUU pasó del silencio a meter la mano. Durante el gobierno de Arce, entre 2020 y 2025, los yanquis se mantuvieron críticos pero sin jugar de lleno. Ahora cambiaron. Exigen tres cosas: sacar a rusos e iraníes del negocio del litio boliviano; que el gobierno que venga (sea Paz u otro) sea funcional al control de los recursos clave; y usar Bolivia como ejemplo de “restauración democrática” con ayuda militar. A su vez Israel metió sistemas de dispersión química –los famosos equipos Skunk– y drones de vigilancia. Además intervinieron en la capacitación antimotines para las fuerzas especiales bolivianas, especialmente pensada para bloqueos largos. Y de paso, hicieron un guiño al lobby sionista en Washington para que destrabe créditos en el Congreso estadounidense para sostener su campaña en Gaza y el resto de Medio Oriente.
En cuanto al FMI, el Banco Mundial y el BID, quedó claro una vez más que no prestan por bondad. Las condiciones que ponen son durísimas: reformar la Ley de Hidrocarburos para que entren inversores privados como socios mayoritarios; flexibilizar las leyes laborales (que se pueda despedir sin causa y alargar la jornada); y sacar los controles de precios de la comida y el diésel, lo que es un misil directo al bolsillo popular. El gobierno de Paz lo sabe, pero lo acepta como un mal menor para evitar la hiperinflación. El problema es que ese mal menor le está dando más leña a la hoguera social.
En medio de semejante choque de intereses cabe preguntarse: ¿hay salida para la crisis boliviana? Y la respuesta es sí, pero por izquierda, aunque no de la mano de la izquierda de siempre. Porque esa salida no puede ser volver como si nada al MAS que conocimos. Ese partido, integrado por sectores revolucionarios consecuentes y reformistas oportunistas, mostró sus límites y generó condiciones para el desembarco de la derecha que hoy gobierna el país, especialmente a partir de las políticas de entrega de Lucho Arce.
La clave está en la actual lucha callejera que seguramente habrá de nuclear a los mejores dirigentes obreros, campesinos, mineros, docentes, etc., y creará condiciones para el surgimiento de un partido revolucionario de la clase, que pelee por un poder revolucionario en Bolivia.
¿Es ingenua esta salida? Para nada. Hoy los revolucionarios bolivianos se enfrentan –muchas veces de forma consecuente pero dispersa– a dos fuegos cruzados: el de los grandes empresarios locales, por un lado, y el de los organismos internacionales junto a la embajada yanqui, por el otro. Todos ellos quieren más ajustes. Por eso es necesario que esa lucha se unifique en torno a un programa claro, que ponga en pie la unidad de los revolucionarios bolivianos y latinoamericanos para lograr:

1. Derrocar al gobierno títere de Paz Pereira y formar un gobierno obrero y popular. No hay salida pactada con el actual régimen. Paz Pereira es la cara visible de una alianza entre la burguesía agroindustrial, el imperialismo yanqui y los organismos de crédito. Su caída no puede ser por simple recambio electoral como pide el reformismo, sino por una insurrección popular coordinada que disuelva el parlamento actual, anule el Decreto Supremo 5237 (militarización) y ponga en pie un gobierno de trabajadores, campesinos y pueblos originarios. Este gobierno deberá asumir el control de los cuarteles a través de comités de soldados y oficiales alineados con el pueblo, y crear milicias populares para desarmar a los grupos paramilitares de derecha.

2. Nacionalización de los recursos estratégicos bajo control obrero. La banca, el gran capital monopolista, el litio, el gas y el agua no se negocian. Por eso se deberá declarar la expropiación inmediata de todas las concesiones a transnacionales (incluidas las chinas, rusas y canadienses que operan en el salar de Uyuni) y crear una empresa estatal única del litio con control obrero y campesino, sin junta de accionistas ni socios privados. El FMI y el Banco Mundial deberán ser expulsados del país: su deuda es ilegítima. Las reservas internacionales se pondrán bajo custodia de un comité de trabajadores bancarios para evitar la fuga de capitales.

3. Alianza obrero-campesina para romper los bloqueos y garantizar el abastecimiento. Frente a los bloqueos de rutas que hoy ahogan a las ciudades, el programa propone transformar la protesta en poder dual, del tipo de los sóviets, dentro del cual los sindicatos (fabriles, mineros, de salud, educación) actúen de forma coordinada con las comunidades campesinas y los gremios informales para crear comités de abastecimiento popular que organicen convoyes bajo control obrero, rompiendo el cerco de la burguesía, y ocupar los depósitos de alimentos de los grandes empresarios (agroindustriales, importadores) para distribuir los alimentos en los barrios populares a precios fijados por asambleas vecinales. 

4. Ruptura con el imperialismo yanqui y sus aliados: fuera EE.UU., fuera Israel. Se debe declarar la cancelación inmediata del acuerdo militar con EEUU y la expulsión de todos los asesores israelíes. Denunciar la presencia de equipos Skunk y drones de vigilancia comprados a Israel, poniéndolos al servicio de la defensa popular. Cerrar la embajada de Israel en La Paz y restablecer relaciones diplomáticas plenas con Palestina, con reconocimiento del Estado palestino en las fronteras de 1967. Además, salir de todos los tratados de libre comercio que atan al país, impulsando una alianza antiimperialista con México, Colombia, Cuba, Nicaragua, Brasil y los movimientos populares de la región.

5. Revolución agraria y comunal: tierra para quien la trabaja, fin del latifundio. Avanzar hacia una segunda reforma agraria profunda, que expropie sin indemnización los latifundios improductivos, incluyendo las propiedades de los grandes terratenientes que se beneficiaron del anterior ciclo (sojeros, ganaderos y burócratas enriquecidos). La tierra debe pasar a las comunidades indígenas originarias y a cooperativas campesinas bajo control asambleario. Se impulsa la anulación de la Ley 1720 (monetización de tierras) y la prohibición de la compra-venta de tierras comunitarias. Todo intento de recolonización agroindustrial por parte de la derecha cruceña deberá ser enfrentado con la movilización armada de los sindicatos campesinos.

Jorge Díaz