Ataque a la libertades democráticas

El 4 de septiembre fueron confiscados los equipos de transmisión de la emisora alternativa Antena Negra TV. La Policía Federal, junto con la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información (AFTIC) se presentaron en el Espacio Cultural Cid, donde funciona Antena Negra TV, para realizar el procedimiento.

Antena Negra TV transmite por el canal 20 de la Televisión Digital Abierta (TDA) y el canal 4 (analógico). El eje del conflicto es el uso del canal 20. La denuncia penal fue radicada por ocasionar interferencias entre las comunicaciones de la Policía Federal y la empresa de seguridad privada Prosegur. Durante la década del ´90, cuando Prosegur le pertenecía al grupo empresario de Alfredo Yabrán, los canales del 14 al 20 fueron asignados a servicios punto-multipunto, como los bomberos, ambulancias, radiotaxis, etc. Prosegur opera en el canal 20.
Sobre este tema hay dos cuestiones importantes a tener en cuenta: la que está utilizando ilegalmente la señal es Prosegur, ya que a través del decreto presidencial 2456/14 se atribuyó la banda de frecuencias comprendidas entre 470 y 512 MHz exclusivamente a la prestación de servicios de radiodifusión, cosa que Prosegur claramente no hace. Por otra parte hay que señalar que en el procedimiento nunca estuvo presente la autoridad de aplicación de las frecuencias de radiodifusión, en este caso el AFSCA, sino que participaron otros organismos de control. Además, si una de las partes involucradas en la denuncia era la Policía Federal por verse perjudicada en las interferencias, nunca debió ser parte del allanamiento.
Ante este atropello, expresamos nuestra solidaridad hacia los compañeros de Antena Negra TV, repudiamos el hecho y exigimos la inmediata restitución de los equipos secuestrados por la justicia dando lugar a una denuncia de la empresa Prosegur, en clara connivencia con la Policía Federal. No debemos dejar pasar hechos como este que atentan claramente a la libertad de expresión.
Es necesario señalar que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del kirchnerismo, apoyada por varios sectores de la comunicación popular por contener dentro de su articulado la cesión de un 30% del espectro audiovisual para los medios “sin fines de lucro”, encierra su propia trampa. Una ley que basó su propaganda en ser antimonopólica termina cediendo en la realidad su relato a las empresas privadas monopólicas que tienen más poder para sentar su posición. Con respecto al caso de Antena Negra TV, Fernando Torrillate, director de Comunicación de AFSCA dijo que “Nuestro Gobierno dispuso la recuperación de esa banda para uso de los servicios de radiodifusión, pero el ordenamiento implica migrar los actuales usuarios a otros lugares del espectro, lo cual estamos haciendo desde el Estado en forma muy ordenada, para que los derechos de todos estén protegidos y se garantice un uso racional y democrático de un bien de todos como es el espectro radioeléctrico”. Pero de todas formas obliga a Antena Negra a regularizar su situación legal participando de concursos por la asignación de la frecuencia y que formalicen su cooperativa “debidamente” inscripta y con la “matrícula expedida por el Instituto Nacional de Economía Social (INAES)”, para estar en “mejores condiciones” de cara a los concursos del AFSCA, como ya lo hicieron Barricada TV y Mate Amargo.
Lamentablemente, hoy en día, frente a los que creyeron en la progresivo de la Ley, la esperada democratización del espectro audiovisual prometida quedó en manos de algunos grupos poderosos (Indalo, Vila-Manzano) en detrimento de las señales alternativas que no cuentan con el presupuesto necesario para presentarse a concurso por una señal “legal” así como para sostener económicamente medios que difundan la palabra de los que no tienen espacio en el sistema de medios comercial.
En este marco, debemos defender a todos los compañeros que se encuentra en situación de vulnerabilidad frente al sistema legal y que día a día transmiten informaciones del campo popular que poca cabida tienen en los medios comerciales. Repudiamos el secuestro de los aparatos por parte de la Policía Federal y las instituciones estatales que se hacen eco de la “legalidad” en relación a la comunicación del pueblo. Los medios comunitarios y populares son de quienes los hacen, más allá de la “legalidad” o “ilegalidad” propuesta por las estas leyes por más disfraz progresistas que tengan.

Ignatius