Adonde vayan los iremos a buscar

El pasado 22 de julio el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata concedió el arresto domiciliario al genocida Miguel Etchecolatz en el marco de dos de las causas en donde fue sentenciado. Si bien la medida no se hará efectiva porque el represor está condenado en otras causas y detenido en procesos pendientes de juicio, la resolución viene a marcar el camino que se quiere trazar respecto a garantizar mayor impunidad a los represores. Este próximo miércoles 10 de agosto, la Cámara de Apelaciones Federal de La Plata, tendrá la última palabra y será la encargada de resolver si otorga o no el  beneficio al multicondenado genocida Etchecolatz.  

El gobierno de Mauricio Macri, a través de su Secretario de Justicia Santiago Otamendi, bajo el eufemismo de  “abrir las puertas de las cárceles, flexibilizando las condiciones para lograr la detención domiciliaria”, instó a jueces de todo el país a “ser parte de la nueva política criminal”. En este marco, desde que comenzó el año la Cámara de Casación Penal otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a 51 genocidas, amparándose en la edad y/o razones de salud de los reos, sin considerar siquiera los graves delitos por los que fueron juzgados estos genocidas.

A marzo de este año, los juicios por los crímenes de la dictadura contabilizan 666 condenados y 59 absueltos. 50 acusados fallecieron durante los juicios. La cifra de acusados asciende a casi 2.400 militares y miembros de fuerzas de seguridad: 1.200 de ellos permanecen libres, 1.132 están detenidos y 49 son considerados prófugos. 452 murieron antes de llegar a juicio.

A poco de cumplirse diez años de la desaparición de Jorge Julio Lopez, la justicia de los tribunales avanza en garantizar la impunidad de los genocidas. La lucha histórica de los organismos de DDHH y del pueblo para que todos los genocidas no queden impunes, como quedó demostrado el pasado 24 de marzo en la inmensa movilización, son la expresión genuina de la verdadera Memoria, Verdad y Justicia

Corresponsal