1918 – 2018: Centenario de la Reforma Universitaria - La Reforma Universitaria y las reformas de Macri

“Reforma” es un término utilizado con frecuencia en la actualidad, aunque con sentidos opuestos. En 2018 es ineludible la referencia a la rebelión estudiantil contra el oscurantismo clerical que sentó las bases para la universidad laica, pública y gratuita, allá por 1918. No obstante, también nos recuerda al paquete de cambios previsionales, laborales, sanitarios y educativos que Macri quiere aplicar, como eje central del ajuste económico sobre el pueblo.
El período que comenzó con el triunfo de Cambiemos en las elecciones legislativas (octubre 2017), pasó por el rechazo a la reforma previsional (diciembre 2017) y terminó con la solicitud de un préstamo al FMI (mayo 2018) fue para el macrismo una auténtica montaña rusa -de pendiente descendiente. En tiempos históricos, un abrir y cerrar de ojos medió entre la absoluta seguridad de reelección presidencial en 2019 y el más notable síntoma de fracaso económico y social en un país dependiente.
Con el “humor social” en picada y la imagen deteriorada, el gobierno se propone aprobar la reforma laboral durante el Mundial, aplicar un nuevo tarifazo en servicios y transporte, terminar de cerrar las paritarias en 15%, concluir la ola de despidos del verano y ponerse a disposición de los ajustes que pedirán, con total seguridad, sus amigos del FMI.
¿Y qué le depara a la
comunidad universitaria?
Si a los hechos nos referimos, el primero a señalar es el Presupuesto 2018 votado en el Congreso, que implicó una asignación $7.000 millones por debajo de lo necesario para el normal funcionamiento de las casas de estudio, según el propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), órgano que agrupa a los rectores. A ello deben añadírsele el recorte de $3.000 millones informado en marzo pasado y la suspensión de decenas de obras de infraestructura en todo el país. No mentía Macri en 2017 cuando requería “el esfuerzo de las universidades para bajar el gasto público”.
El segundo hecho ineludible es la paritaria de los docentes universitarios, estancada entre el 25% que reclaman los gremios y el 15% en 4 cuotas que propone el gobierno. La oferta ya era miserable de por sí y quedó completamente desactualizada tras la corrida contra el peso, el aumento del dólar y el anuncio oficial sobre el FMI, que implican un porcentaje de inflación mucho mayor al 15% esperado. Las jornadas de paro y movilización realizadas, lejos de amainar, tienen más razón de ser que nunca.
En tercer lugar, la elección de Hugo Juri (UCR Córdoba) como Presidente del CIN es la confirmación de una alianza y una paz estratégicas entre el macrismo y la cúpula universitaria. La relación entre ambos se venía normalizando con el correr del tiempo, luego del desacuerdo generado en 2016 por una partida presupuestaria de $500 millones, que fue la base de una verdadera rebelión universitaria estudiantil y docente.
Es este último hecho el que abre las perspectivas más interesantes para el análisis.
Hugo Juri es rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) desde 2016, cuando desplazó al kirchnerista Francisco Tamarit con el apoyo de los radicales y socialistas. Es decir, se trata de un rector afín a la era Cambiemos y no solo en lo “partidario”, sino también en su proyecto político-académico.
En su gestión de la UNC, Juri aplicó una serie de cambios en la estructura universitaria que sirve de “laboratorio de ensayo” para una reforma integral a nivel nacional, cuyo anuncio está previsto para el 100° aniversario de la Reforma de 1918, a pesar de encontrarse en sus antípodas. Irónicamente, uno de sus socios en la implementación de la reforma es su contrincante Tamarit… “no tan distintos”.
Fundamentalmente, se trata de la desarticulación del sistema de materia-carrera-facultad y su reemplazo por el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico (SNRA). Con ello, los estudiantes eligen su propio plan de capacitación a partir de los diversos “trayectos formativos” ofrecidos por el sistema universitario nacional. Con el reconocimiento de la cantidad y tipo de trayectos realizados se otorga un título específico, en un esquema similar al modelo europeo de “Educación Basada en Competencias” (EBC).
La primera consecuencia es un deterioro en la formación profesional. Las disciplinas dejan de tener especificidad con la tendencia a unificar nacionalmente los contenidos (incluyendo a los institutos terciarios). Además, las facultades ya no tendrán la potestad de elegir sus planes de estudio y los estudiantes perderán la posibilidad de un plan de formación estructurado y con una lógica académica y pedagógica. Para colmo, los docentes deberán enseñar en una misma aula a estudiantes provenientes de disciplinas distintas, lo cual dificulta enormemente su tarea.
El nuevo sistema es más “flexible y barato”: puede crear títulos intermedios o nuevas carreras sobre-explotando los recursos humanos y la infraestructura existentes, sin poner más presupuesto. Sin embargo, la flexibilidad no es pensada para paliar la deserción estudiantil, cuyas razones no están en la “rigidez” del sistema actual, sino para adaptarse con rapidez a los cambios en las necesidades y tendencias del mercado laboral, digitadas por un puñado de grandes empresas y multinacionales. Aquellas, dicho sea de paso, son oficialmente integradas al gobierno de la universidad mediante el Consejo Social Consultivo, un órgano consultivo con representación de lobbystas empresariales. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Por otra parte, esta reforma unifica a las universidades públicas con las privadas, posible gracias a que su equiparación ya fue realizada con la evaluación y acreditación a la CoNEAU. A partir de allí, se habilita un recorrido “mixto”: comenzar a estudiar en una privada y terminar en una pública, o viceversa. El enorme negociado que se abre para las universidades privadas es una de las bases materiales para el impulso del proyecto.
En definitiva, el conjunto del plan responde a los lineamientos del Banco Mundial y otras instituciones similares, y es la continuidad lógica de la Ley de Educación Superior (1994) y la ola de acreditaciones a la CoNEAU (2003 – 2015). De hecho, la presentación del plan se dará durante la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) en junio próximo, con miras a extender la validez del sistema a todo Latinoamérica y, posteriormente, demostrar lo hecho en el Congreso Mundial de Educación Superior (París, 2019).
El Centenario de la Reforma Universitaria de 1918 es, principalmente, un recordatorio sobre la naturaleza del parto de la universidad actual: la lucha de clases al interior de la academia o, en otros términos, la disputa violenta en las aulas y las calles entre proyectos político-educativos irreconciliables, con distintos perfiles profesionales, contenidos académicos y estructuras de gobierno, y –fundamentalmente- al servicio de los intereses de clases sociales opuestas.
Con esta orientación, la coyuntura nos llama a la defensa de las conquistas de la universidad pública, a la pelea por aquellas que nos faltan y, fundamentalmente, a la construcción de organización estudiantil para protagonizar una nueva rebelión popular y derrotar el proyecto macrista.

David Paz