¡Abajo el juicio a los 27 estudiantes de la UNC!

Hace unas semanas el juzgado federal número 3 de la provincia de Córdoba, confirmó el procesamiento de los 27 estudiantes de la UNC por la toma del Pabellón Argentina en 2018. La decisión, tomada por el juez Vaca Narvaja a pedido del fiscal Hairabedian, reafirma la criminalización de la protesta por la defensa de la educación pública. Ahora los estudiantes además de tener que pasar por un juicio oral, también tendrán un embargo de $50.000 cada uno en razón de la medida cautelar dictada por la supuesta existencia de riesgo de fuga.

Esta decisión bochornosa de la justicia federal cordobesa, está en consonancia con las decisiones del juzgado federal de Río Negro en relación al procesamiento de estudiantes y docentes de la UNRN por la toma del vicerrectorado. La decisión política de la apertura de causas judiciales a quienes participaron, responde a un pedido directamente del Ministerio de Educación de la Nación, que en ese entonces estaba a cargo de Alejandro Finocchiaro. Aquí cabe una salvedad, si bien ambas causas tienen el mismo propósito de amedrentar y aleccionar, hubo situaciones distintas que explican su existencia y que merecen un balance político. 

En el caso de los procesamientos de la UNRN, la causa judicial avanzó luego de una toma de tres meses que fue desalojada por la gendarmería y con el resultado de 2 docentes exoneradas y 11 estudiantes suspendidos. Todo esto es completamente repudiable y cuenta con la corresponsabilidad del rector menemista Del Bello, que encontró terreno para avanzar en la criminalización dado el distanciamiento que hubo entre las medidas de lucha y el conjunto de estudiantes y docentes de esa universidad. 

En el caso de la UNC la situación es distinta. Las tomas que se realizaron fueron masivas e incluso al momento de levantar la última- la del Pabellón Argentina- seguía existiendo la participación y adhesión de una gran cantidad de estudiantes. En este último caso, la explicación de la judicialización la dio el propio rector Hugo Juri, con su aceptación pública de que el momento más difícil y en crisis de su gestión fue por las tomas del 2018. La decisión de elevar a juicio las tomas en Córdoba, responden más a la necesidad de frenar un proceso de organización que venía en alza desde el 2016, con el surgimiento de una camada de luchadores y luchadoras estudiantiles con anclaje en la masa. Esta necesidad de frenar el proceso de organización estudiantil tiene relación directa con la decisión de avanzar en el proceso de reformas educativas que Juri viene llevando adelante como referente nacional: la virtualización de la educación superior, flexibilización de las carreras de grado y el correspondiente abaratamiento de los costos de la mano de obra saliente de las UUNN. Para todo eso Juri necesitaba frenar el conflicto al interior de la universidad, que venía en alza y constante: en 2016, toma del Pabellón Argentina contra la aprobación de la reforma política; en 2018 la pelea por la suspensión de la CRES y luego las movilizaciones masivas de más de 100 mil personas con tomas incluidas contra el ajuste educativo y el acuerdo de Macri con el FMI. 

Una causa sin fundamentos

A los estudiantes cordobeses se los acusa de haber cometido el delito de usurpación con despojo, una figura que se suele aplicar en situaciones donde alguien toma una propiedad privada con animus de apropiárselo para sí. En una interpretación amplísima de la figura del Código Penal (que de por sí es reaccionaria), la justicia entiende que hay motivos bastantes para presumir que los estudiantes realizaron acciones que estarían abarcadas en este delito. Más allá de los motivos políticos que son claramente lo que prima, a nivel jurídico hay puntos interesantes a tener en cuenta: en primer lugar, entendiendo que cualquier edificio universitario es un bien público, cuya propiedad está en manos de las Universidades Nacionales como entes autárquicos del Estado Federal ¿se puede hablar de usurpación? En segundo lugar, si las tomas del 2018 fueron en el marco de una protesta política con consignas claras y reivindicaciones específicas ¿dónde está el animus de apropiación que es el elemento central en la figura de usurpación? 

Estas dos preguntas dan cuenta de que los motivos bastantes, fundamentales para elevar una imputación a juicio oral, no están ni cerca de cumplirse para los parámetros establecidos por la propia justicia burguesa. Estamos frente a una causa que es un verdadero mamarracho jurídico, en donde la única explicación para entender por qué se sigue avanzando, está en la política. Es el resultado de una Política Criminal diseñada para perseguir, más allá de la figura penal que se aplique, a los y las luchadoras populares. Esa Política Criminal, para los mentirosos que siguen hablando o añorando una “justicia independiente”, responde a los gobiernos de turno y en última instancia a las necesidades del capitalismo dependiente de nuestro país.

En ese sentido hay que interpretar el silencio absoluto del Ministerio de Educación de la Nación, con respecto a las causas abiertas durante el macrismo. No hay ningún tipo de explicación sobre por qué, si tanto se rechaza de palabra la gestión educativa anterior, desde el Ministerio no se sale a apoyar a quienes dignamente salieron a darle pelea. Ese silencio es de hecho un apoyo cómplice a la judicialización de la lucha educativa. Esta situación no se circunscribe al ámbito educativo, lo vemos con la continuidad de la persecución a quienes sostuvieron la lucha contra la reforma previsional en 2017, lo vemos cuando siguen existiendo presos/as políticos/as. Es la continuidad de una Política Criminal que hoy, por ejemplo, define el procesamiento de nuestra camarada Vivi y nuestro compañero Maxi de la CUBa-MTR.

Es por eso que la pelea por el cierre de la causa judicial y la absolución de los y las estudiantes de la UNC, tiene que ser amplia y de todos los frentes. El derecho a la protesta es una de las libertades democráticas básicas que nuestro pueblo ha conquistado y que ejerce cotidianamente contra las políticas de ajuste. A quienes sostienen la judicialización de los estudiantes, les corresponde de mínima abandonar sus cargos. Todos ellos -Juri, Yanzi, Vaca Narvaja, Filloñuk y Hairabedian- son enemigos declarados de la universidad pública y cómplices del macrismo. Queda en manos de la lucha popular, de la presión en las calles y su repercusión al interior de los tribunales, dar la pelea por bajar la causa judicial. En buena medida, esa pelea puede aportar a volver a organizar y poner en pie al movimiento estudiantil, que por la virtualidad y las causas judiciales no viene siendo un factor activo en la lucha popular. 

Martina Bas