Unidad en la acción popular y antiimperialista

Tantas veces el presidente alardeó con el reconocimiento que le brindan en el exterior contrariado por el profundo cuestionamiento interno que, al final de cuentas, en el próximo G20 que se realiza en el país hacia fin de mes, todos aquellos referentes del capitalismo desarrollado estarán presentes tratando de delinear el rumbo del desordenado, enfrentado e injusto mundo que ellos mismos construyen. Las resoluciones que pueden salir de allí están alejadas de las necesidades de los pueblos. El montaje satelital, la obstrucción cibernética, los elementos bélicos y las tropas a utilizar, tienen más que ver con un estado de guerra que con la “concordia mundial” que pregonan. El cerco perimetral a instalarse alrededor de Costa Salguero impedirá el acceso por varios kilómetros, de tal forma que las masivas marchas que se preparan deberán buscar el camino para que el repudio y condena a las políticas allí trazadas se hagan visibles para todos los pueblos del mundo. Argentina no tiene nada para ganar allí. El trabajo sucio ya se realizó en el acuerdo con el FMI. La presencia de Lagarde con todo su equipo, como parte sustancial del evento, echa claridad sobre la forma en que los países imperialistas instrumentan sus políticas de condicionamiento y saqueo a las naciones, que se traducen en ajuste permanente, en un sideral endeudamiento externo y en el apoderamiento de los recursos naturales. Como si no hubiéramos tenido suficiente con las “relaciones carnales”, de la década del 90.
Con la mira en el desarrollo del antiimperialismo, la unidad popular no debe ser solo coyuntural ni postergarse al momento de la contienda electoral: impone asumir además un programa que incluya tareas como la declaración de moratoria unilateral en el pago de la deuda y la nacionalización de la banca, el comercio exterior y los recursos energéticos, sin las cuales no habrá salida popular a la crisis.

La plaza del 24

Cerró octubre, atrás quedó flotando la insurrecta jornada del 24 en Plaza Congreso convocada para impedir que los diputados convaliden el presupuesto 2019. Su aprobación fue una condición del FMI, antes de liberar la segunda parte del préstamo cercana a los U$S 13.000 millones, con lo cual el gobierno pretende tranquilizar al mercado cambiario y alejar los temores sobre insolvencia en el pago de los intereses y la deuda contraída. El escenario principal estuvo en la plaza, protagonizado por trabajadores y estudiantes, que hicieron estallar la bronca e indignación. En el recinto, con algunas escenas de teatralización y empujones, mediante los votos del llamado “peronismo racional” de Urtubey-Schiaretti, en este caso, quedó aprobada la media sanción al presupuesto del saqueo y la deshonra. El presidente Macri, descontando que el Senado también lo aprobará finalmente, fue habilitado por una parte de la oposición a profundizar el ajuste, liquidar derechos laborales y sociales adquiridos, y maniatar aún más la soberanía de la nación.
Por tercera vez en los últimos diez meses, el gobierno logró que se convalide una decisión política intensamente cuestionada por la movilización popular. En diciembre pasado fue la ley previsional, en agosto el rechazo al proyecto de legalización del aborto y ahora el presupuesto del ajuste. Que la institución parlamentaria justifique su existencia, y en ella el oficialismo siendo minoría logre los votos necesarios para burlar la voluntad del pueblo movilizado, no hace más que desnudar los límites del régimen democrático-burgués actual y de aquellas políticas oportunistas que orbitan por sostenerlo en lugar de transformarlo. Hubo variadas convocatorias sindicales a movilizarse por el rechazo, aunque después fueron débiles en concurrencia y sin mayor disposición a resistir. El espacio con mayor capacidad callejera formado por F21, Cetep, Cayetanos y kirchnerismo, había jugado sus fichas, el sábado anterior, en la misa y acto de Luján, por lo cual le quitó el cuerpo a una oposición más frontal contra el presupuesto. Otros ni siquiera llegaron a las vallas, y se retiraron apenas empezaron las escaramuzas. Los comentarios sobre una encerrona policial e infiltrados, que son habituales, en este caso deslizado por algunos referentes territoriales, dieron cuenta de una presencia más testimonial antes que de un protagonismo activo. En dicha actitud es evidente que la idea predominante apuesta todo a las elecciones de 2019, en lugar de ir a fondo ahora para frenar esta política destructiva y a sus responsables. Se posterga una salida a la crisis frente a un gobierno debilitado, en aras de una gobernabilidad que solo sirve a los grupos monopólicos, como si el 2001 no hubiera ocurrido ni enseñado sobre la legitimidad política adquirida por la intervención popular.

Sin paracaídas

El costo de vida para los asalariados registrados se incrementó un 47% en los últimos doce meses, con lo cual 2018 será el año (según el IET) de mayor inflación para el sector desde 1991, superando a 2002 y a 2014. De tal forma en los sectores no registrados o en negro (40% del mercado) u otros cuyos aumentos salariales los dispone el estado (servicio doméstico, jubilados) la caída del poder adquisitivo es pronunciadamente mayor. Por otro lado el derrumbe en la actividad industrial que se inició en mayo y batió record con 11,5% en setiembre, preanuncia sobre todo en el sector automotriz -FIAT paró la producción por lo que resta del año, Peugeot sin horas extras diagrama achiques y adelanta vacaciones- el incremento en los despidos y cierres de talleres, como la otra variable del ajuste aplicada inicialmente en las reparticiones del estado. La reducción del PBI, según el Fondo, este año alcanzará el 2,6% y en el próximo 1,6%, en el mejor de los casos.
En este marco degradado, con pérdida del salario real promedio en un 15% y con tres millones de jubilados por debajo de la indigencia como muestra, el bono de los $5000 en dos cuotas y no para todos, más que una burla constituye una infamia pactada con los burócratas de la CGT y de quienes desde la política amparan tales conductas. El regateo en el pago que deslizan dirigentes de la UIA esconde en realidad la conformidad para producir despidos con solo avisar diez días antes. Pero, sobre todo, sacar de la agenda la reapertura de paritarias, visto que varios gremios -camioneros, bancarios, judiciales- cerraron aumentos por encima del 40%. Allí, en el saqueo al salario de la mayoría de los trabajadores, queda claro quién paga los costos del ajuste y de los condicionamientos de la banca imperialista.
Transcurre la parte final del año sin que la recesión toque piso. La conflictividad que tan solo en CABA suma en octubre casi 1.000 piquetes, tenderá a recrudecer empujada por las necesidades básicas, los despidos y los reclamos salariales. El gobierno lo advierte y trata de instalar una parafernalia represiva, que se incrementa con los dispositivos del G20 y las provocaciones de Patricia Bullrich, para entrar luego en el llamado “diciembre caliente” con las calles y barrios atestadas de uniformados. Si bien diciembre siempre estará presente en la memoria del pueblo por lo que significó el 2001, de aquí en adelante todos los meses vienen cargados de bronca y movilizaciones en paralelo al crecimiento de las dificultades para sobrevivir y al bastardeo de los derechos sociales. No será con represión ni con el incremento en las penalidades del código, ni con la judicialización de las protestas, como podrán contener las demandas que han ganado la calle. Quienes pretendan ‘bolsonarizar’ la situación no solo subestiman la crisis sino, fundamentalmente, al pueblo y su historia de lucha.

La gobernabilidad
no es gratis

El precio para mantener la gobernabilidad son deudas que los trabajadores pagan hasta con su propia vida. Que los jerarcas de la CGT engorden sus cuentas en nombre de los obreros, o que dirigentes del PJ como el xenofóbo y racista Pichetto contribuyan a la mayoría cuantas veces necesite el macrismo en el Senado, tiene que ver con su naturaleza. Pero sorprenden declaraciones de referentes políticos como Pérsico: “rezo todas las mañanas para que no haya caos social”. El caos ya está instalado, señor: es el ajuste, el FMI, el Morgan, City, Templeton y todos los que acumulan sobre el hambre, la entrega y la vida de tantos jóvenes y trabajadores. Se trata justamente al revés. Si se quiere eludir una definición frente a la efervescencia de masas existente y la responsabilidad de los dirigentes para encauzar tales energías hacia la rebelión popular, será por compromiso institucional del movimiento Evita y el espacio del peronismo en que se mueve.
La rebelión popular es una política para salir del caos, ahora. No traslada agonías a octubre de 2019 detrás de expectativas del tipo ‘con o sin Cristina’ o ‘juntos o separados’, todas de resultado incierto. Por otro lado, nada nuevo ni que no haya fracasado. La crisis es estructural, es del capitalismo dependiente, de los monopolios. No se puede administrar o solo mejorar. Ningún cambio será, si no es revolucionario.
En esa dirección militamos; los tiempos los ponen el programa y las necesidades de los trabajadores. El déficit cero y emisión cero asumidos por Dujovne presuponen en palabras del gobierno y consultores, que lo peor no llegó y sus daños van a seguir dañando a todo el tejido social. Lo que viene son más luchas. Las movilizaciones, paros y cortes estarán al tope en todo el país. Así se prepara la segunda mitad de noviembre, que incluirá la confluencia piquetera el 20/21, la marcha contra la violencia hacia las mujeres el 26, y que tendrá como centro el repudio contra el imperialismo encarnado por el G20 y el FMI el día 30. En diciembre va a ser turno de la instalación del tema del hambre con reclamos sobre supermercados, unidad en la acción y confluencia hacia el paro activo de 36 horas. Por un nuevo 20 de diciembre: en esa línea de acción y hacia la acumulación de fuerzas, orientamos nuestra intervención.
Andrés Zamponi